jurisdiccionales podría generar condiciones para presuntas represalias o persecución laboral.
En respuesta a los cuestionamientos, el Órgano de Administración Judicial estableció en el acuerdo que la evaluación programada para diciembre tendrá inicialmente un carácter diagnóstico, con el propósito de identificar fortalezas y áreas de oportunidad entre el personal, así como diseñar programas de capacitación. La institución sostiene que esta primera etapa no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia de los trabajadores.
Sin embargo, el documento contempla un sistema de calificaciones que establece distintos periodos de constancia de permanencia. Los empleados que obtengan entre 90 y 100 puntos serán considerados sobresalientes, mientras que quienes alcancen de 80 a 89 puntos recibirán la categoría de satisfactorios; en ambos casos, la constancia tendrá una vigencia de dos años.
Para quienes obtengan entre 70 y 79 puntos, la clasificación será regular, y para los resultados de 60 a 69 puntos se establecerá la categoría de suficiente. En ambos supuestos, la constancia tendrá una vigencia de un año y los trabajadores deberán participar en acciones de fortalecimiento.
El nivel de mayor preocupación para los manifestantes corresponde a quienes obtengan 59 puntos o menos, ya que serán considerados insuficientes y tendrán derecho a solicitar, por única ocasión, un examen extraordinario. En caso de no solicitarlo, reprobarlo o no obtener autorización para presentarlo, el acuerdo contempla su baja de la institución.
El calendario oficial establece que el temario de evaluación se publicará los días 17 y 18 de noviembre. Posteriormente, los exámenes para secretarios se realizarán el 4 de diciembre; para actuarios, el 8 de diciembre, y para oficiales judiciales, los días 14 y 15 del mismo mes. La revisión de resultados se desarrollará entre enero y marzo de 2027.
Otro de los cuestionamientos de los trabajadores se relaciona con el tiempo de preparación, debido a que dispondrán de aproximadamente dos semanas entre la publicación del temario y las primeras evaluaciones, periodo durante el cual deberán continuar con sus responsabilidades habituales dentro de los juzgados y tribunales.
El paro representa una nueva interrupción de actividades en el Poder Judicial federal, después de las movilizaciones registradas en 2024, cuando trabajadores se manifestaron contra la reforma judicial. En esta ocasión, la inconformidad se concentra en las condiciones de evaluación, los criterios de calificación y las posibles consecuencias laborales para quienes no acrediten los exámenes establecidos por el Órgano de Administración Judicial. (Mas).
