Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Montaño extiende tentáculos hasta Michoacán
El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Jorge Montaño Ventura, sigue dando de qué hablar, hora por su participación en decisiones que reconfiguraron el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
En su columna Opinión 51 la periodista Yohali Reséndiz expone una serie de señalamientos que relacionan al adancista con la remoción de consejeros, la incorporación de personas vinculadas con su trayectoria profesional en Tabasco y presuntas gestiones para favorecer a determinados proveedores electorales.
De acuerdo con la investigación periodística, el tabasqueño habría tenido un papel en los movimientos que modificaron la integración del organismo michoacano, aprovechando su posición como consejero del INE y su participación en la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, instancia relacionada con la selección y designación de autoridades electorales estatales.
Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2026, cuando el Consejo General del INE aprobó la remoción del entonces presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, y de los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Una quinta integrante, Silvia Verónica Mauricio Salazar, había presentado su renuncia.
La justificación oficial fue que las consejerías designaron provisionalmente a una persona encargada del Órgano Interno de Control, atribución que correspondía al Congreso de Michoacán. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad las remociones el 22 de julio, mediante la resolución SUP-RAP-162/2026 y acumulados.
Sin embargo, en su columna la periodista deja ver que detrás de ese procedimiento pudieron existir presiones económicas.
Según los testimonios que refiere, el ciudadano que presentó la denuncia habría solicitado un millón de pesos para retirarla, mientras que Ricardo Alberto Cuevas Díaz, identificado como colaborador de la presidencia del INE, presuntamente pidió otros 500 mil pesos, equivalentes a 100 mil por cada uno de los cinco consejeros involucrados.
A estos señalamientos se suma el de Omero Valdovinos Mercado, exmagistrado del Tribunal Electoral de Michoacán y señalado como colaborador de Montaño, quien también habría solicitado mensualidades de 60 mil pesos a cambio de detener el procedimiento de remoción hasta después de las elecciones de 2027.
El artículo periodístico también fija la atención en los movimientos administrativos posteriores a las destituciones, particularmente en la llegada de funcionarios con antecedentes en Tabasco.
Luis Arturo Sánchez Gómez fue nombrado encargado de la Dirección de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, mientras que Mario Eduardo Uribe López quedó al frente de la Coordinación Normativa Administrativa.
Sobre este último, en su columna Reséndiz destaca que trabajó como actuario en la ponencia de Jorge Montaño cuando éste se desempeñaba como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco.
La periodista atribuye al consejero electoral haber impulsado ambas incorporaciones en medio de la disputa por el control administrativo del organismo michoacano.
También menciona la designación de Selene Lizbeth González Medina como presidenta provisional del IEM, así como señalamientos sobre su relación profesional previa con Valdovinos Mercado y su proceso de selección.
Los señalamientos ponen bajo la lupa otra vez la actuación de Jorge Montaño no solo por su cercanía con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, sino por la influencia que ha ejercido en la integración y funcionamiento de otro organismo electoral estatal como quiso hacerlo recientemente en Tabasco.
