Al menos ocho periodistas fueron víctimas de amenazas, agresiones físicas, disparos contra sus vehículos y robo de equipo de trabajo durante la cobertura de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, por lo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) volvió a incluir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre las organizaciones que representan una amenaza para la libertad de prensa.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la organización internacional incorporó nuevamente al CJNG en su lista de depredadores de la libertad de prensa correspondiente a 2026, presentada este lunes con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El organismo documentó ataques contra comunicadores que cubrían narcobloqueos, enfrentamientos y otras acciones violentas desencadenadas por la muerte del dirigente criminal.
Las agresiones se registraron en Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, donde integrantes de grupos delictivos habrían utilizado amenazas, golpes, armas de fuego y despojos de pertenencias para impedir que los periodistas documentaran los acontecimientos.
RSF advirtió que estas prácticas forman parte de los mecanismos de intimidación empleados por las organizaciones criminales para controlar la información difundida en las regiones bajo su influencia.
“Al igual que otros cárteles, el CJNG recurre a las amenazas, los secuestros y la violencia para intimidar a los periodistas y controlar la información que circula en los territorios bajo su influencia”, señaló la organización al explicar los motivos para incluir nuevamente al grupo delictivo en su clasificación internacional.
Entre los casos documentados se encuentra el del reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, quien denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo recibió disparos mientras realizaba labores informativas en Jalisco. Aunque el ataque no dejó personas heridas, evidenció los riesgos que enfrentaban los comunicadores durante la cobertura de los enfrentamientos.
En la misma entidad, Lupita Martínez, periodista de Vallarta Al Momento, fue despojada de su automóvil por hombres armados mientras cubría las consecuencias de la operación militar contra el líder del CJNG. El incidente formó parte de los ataques registrados contra trabajadores de medios en medio de los bloqueos y movilizaciones criminales.
En Sinaloa, Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron golpeados y despojados de sus herramientas de trabajo durante la cobertura de los acontecimientos. El propio medio informó a Reporteros Sin Fronteras sobre las agresiones sufridas por ambos periodistas.
En Tamaulipas, Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, también perdió su vehículo y equipo periodístico cuando documentaba los bloqueos. En esa misma ciudad, Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido por integrantes de la delincuencia organizada en un punto de control, donde recibió amenazas dirigidas tanto a él como a su familia.
González se encontraba acompañado de sus familiares cuando se detuvo para registrar lo que ocurría; posteriormente fue liberado, aunque informó a RSF que también sufrió agresiones físicas durante el incidente.
Otro ataque fue reportado en Guanajuato, donde Ian Martínez, periodista del diario Correo, recibió amenazas de hombres que viajaban en una camioneta y le exigieron abandonar la cobertura.
En Michoacán, la organización verificó el caso de un comunicador cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad, después de recibir una llamada anónima en la que le advirtieron que no publicara información relacionada con los hechos.
RSF subrayó que los periodistas locales constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia del crimen organizado, especialmente quienes investigan actividades delictivas, corrupción y posibles vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios públicos.
La organización advirtió que las agresiones ocurridas durante la jornada del 22 de febrero forman parte de una problemática mucho más amplia. Según sus registros, 169 periodistas han sido asesinados en México desde 2006, de los cuales el 98 por ciento eran comunicadores locales y al menos 34 fueron torturados antes de morir.
De las víctimas contabilizadas, 100 periodistas trabajaban en temas relacionados con delincuencia o asuntos policiales, mientras que 78 cubrían principalmente información política. Estas cifras reflejan la exposición de quienes investigan actividades criminales o acontecimientos vinculados con el ejercicio del poder.
El organismo también reportó que, entre 2006 y 2026, México acumuló 43 casos de periodistas desaparecidos, de los cuales 24 permanecen sin ser localizados. RSF relacionó este contexto de violencia con la actuación de distintas organizaciones criminales, incluido el CJNG, que utilizan mecanismos de intimidación para limitar la circulación de información.
En su informe, Reporteros Sin Fronteras recordó que presuntos integrantes del CJNG difundieron en agosto de 2021 un video dirigido a medios mexicanos en el que pretendían justificar sus amenazas contra comunicadores.
“No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”, fue una de las expresiones retomadas por la organización.
La clasificación internacional de 2026 incluyó a 33 figuras y organizaciones distribuidas en cinco categorías relacionadas con amenazas políticas, de seguridad, económicas, legales y sociales contra el periodismo. Entre los incorporados por primera ocasión apareció el presidente estadounidense Donald Trump, a quien RSF atribuyó acciones que considera perjudiciales para la independencia de los medios durante su segundo mandato.
La organización también incluyó a otros dirigentes políticos y actores internacionales, entre ellos Vladimir Putin, Daniel Ortega, Javier Milei y Abdel Fattah al-Sisi. En la categoría de seguridad figuraron, además de los cárteles mexicanos, las fuerzas armadas israelíes y el Partido Comunista Chino, por conductas que RSF considera restrictivas para el ejercicio periodístico. (Mas).
