El exconsejero presidente aseguró que la ASF no detectó irregularidades durante su mandato, de 2014 a 2023, y afirmó que las observaciones fueron atendidas oportunamente.
Ciudad de México.— El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, defendió su gestión al frente del organismo y aseguró que las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2014 y 2023, no detectaron irregularidades, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara revisar los contratos y el manejo de recursos públicos del instituto.
A través de una serie de publicaciones en la red social X, Córdova sostuvo que el INE fue una de las instituciones más auditadas del país durante los nueve años que encabezó el Consejo General y afirmó que las observaciones formuladas por la ASF fueron atendidas “en tiempo y forma”.
El exfuncionario señaló que la última auditoría correspondiente a su periodo, realizada en 2022, concluyó sin señalamientos, por lo que manifestó su disposición a que las autoridades revisen nuevamente los recursos ejercidos durante su administración.
“Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, expresó al responder a la petición presidencial.
Córdova también hizo referencia al trabajo del Órgano Interno de Control del INE. Aseguró que, desde 2019, su entonces titular no encontró irregularidades relevantes y que las observaciones menores identificadas fueron sancionadas.
Sin embargo, el exconsejero cuestionó la postura de Sheinbaum y acusó que su petición busca desviar la atención de la responsabilidad del oficialismo en la crisis que, desde su perspectiva, atraviesa actualmente el organismo electoral.
La controversia se produce después de que la presidenta solicitara a la ASF revisar de manera amplia los contratos del INE, tanto durante la administración de Córdova como en la de Guadalupe Taddei, con el propósito de esclarecer las relaciones con empresas proveedoras de materiales electorales y posibles conflictos de interés.
La revisión busca determinar desde cuándo se establecieron esos vínculos comerciales y si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación.
La ASF inició una investigación de oficio relacionada con posibles anomalías en las contrataciones del organismo electoral. No obstante, la existencia de una investigación no significa que se hayan acreditado responsabilidades.
De esta manera, la revisión de los contratos y el manejo de recursos públicos podría extenderse a distintas administraciones del INE, mientras Córdova sostiene que su gestión fue fiscalizada y que está dispuesto a que se practiquen nuevas auditorías.
