Un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aseguró haber incinerado personalmente los cuerpos de 250 personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, y afirmó que en ese predio fueron asesinadas más de 500 víctimas, declaraciones que reavivaron la controversia sobre el uso del inmueble y las investigaciones oficiales en torno a la desaparición de personas.
De acuerdo con información de Infobae, el testimonio fue difundido el 10 de octubre por el noticiero Tg1, de la televisión pública italiana, en una entrevista realizada por la periodista Stefania Battistini. El hombre, quien apareció con el rostro cubierto y se identificó como sicario del grupo criminal, afirmó que participó en ejecuciones y en la destrucción de cuerpos, además de señalar que actualmente colabora de manera clandestina con colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco.
Durante la entrevista, el presunto integrante del CJNG declaró que en el rancho se llegaron a ejecutar hasta 20 personas en una sola noche. También aseguró que el número total de víctimas superaría las 500 y que él mismo habría incinerado a 250 personas. Estas afirmaciones corresponden al testimonio difundido por el medio italiano y no constituyen, por sí mismas, una confirmación judicial del número de víctimas ni de las actividades realizadas en el predio.
El entrevistado explicó que su participación en el grupo criminal consistía en cometer asesinatos por encargo y afirmó que recibía un pago de cuatro mil pesos, independientemente del número de personas que matara. Al inicio del reportaje, incluso manifestó que tenía preparado un rifle con mira telescópica para cometer otro homicidio, declaración que formó parte de la conversación con la periodista.
El hombre también sostuvo que los métodos empleados para destruir los cuerpos dificultaban la recuperación e identificación de las víctimas. Según su relato, después de las incineraciones podían quedar fragmentos de huesos y piezas dentales, por lo que aseguró que todavía podrían encontrarse restos humanos en el Rancho Izaguirre. Añadió que su colaboración con las buscadoras consiste en proporcionar información sobre posibles lugares donde localizar evidencias.
La periodista italiana compartió fragmentos del reportaje en su cuenta de la red social X los días 11 y 13 de octubre, con imágenes de Gabriel Casal, de Ícaro Producciones. En las publicaciones se reconoció la colaboración del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyos integrantes dieron a conocer los hallazgos realizados en el predio en marzo de 2025.
Las declaraciones contrastan con la postura que había sostenido la Fiscalía General de la República (FGR) respecto de la existencia de un crematorio en el lugar. Durante su gestión al frente de la institución, Alejandro Gertz Manero afirmó que los análisis periciales no habían encontrado pruebas suficientes para acreditar la operación de instalaciones destinadas a la cremación de cuerpos.
La versión oficial presentada entonces señalaba que el Rancho Izaguirre habría funcionado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG, pero que no existían elementos concluyentes para confirmar que ahí se hubieran asesinado e incinerado personas de manera sistemática. Gertz Manero también argumentó que las temperaturas detectadas en el sitio no superaban los 200 grados centígrados y que no se habían localizado cadáveres ni osamentas completas, salvo un cuerpo encontrado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024.
Tras la salida de Gertz Manero de la FGR, el 27 de noviembre de 2025, Ernestina Godoy quedó al frente de la institución de manera interina. El 6 de marzo de 2026, la fiscalía informó que el procesamiento del inmueble registraba un avance de 64.44 por ciento y que se había detenido a 47 personas relacionadas con las investigaciones. En ese momento, también reportó la obtención de un perfil genético masculino a partir de fragmentos óseos, sin que se hubiera encontrado una coincidencia con las muestras de familiares de personas desaparecidas.
El 10 de abril de 2026, la FGR organizó un recorrido por el predio con integrantes de colectivos de búsqueda en calidad de observadores y reportó que los trabajos de investigación superaban el 75 por ciento de avance. Sin embargo, el caso ha estado marcado por cuestionamientos de familiares y organizaciones civiles sobre el manejo de las evidencias y la transparencia de las diligencias.
El Rancho Izaguirre cobró relevancia pública el 5 de marzo de 2025, cuando integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al inmueble después de recibir una denuncia anónima. En el terreno, de más de 10 mil metros cuadrados y ubicado en el ejido La Estanzuela, localizaron cientos de prendas de vestir, zapatos, mochilas y restos óseos calcinados, hallazgos que generaron exigencias de investigación y atención a las familias de personas desaparecidas.
La Guardia Nacional había intervenido el inmueble en septiembre de 2024 y detenido a 10 personas, aunque en esa ocasión no se reportaron los restos y objetos personales que fueron encontrados meses después por el colectivo. La diferencia entre ambas intervenciones incrementó las dudas sobre las primeras diligencias y llevó a que la FGR atrajera el caso ante las críticas a las autoridades estatales.
La controversia aumentó el 20 de marzo de 2025, cuando la FGR y la Fiscalía de Jalisco permitieron el ingreso de colectivos y medios de comunicación al inmueble. Los asistentes denunciaron que el lugar había sido limpiado, que las prendas encontradas anteriormente ya no estaban y que algunas excavaciones se encontraban cubiertas. Integrantes de los colectivos cuestionaron las condiciones en las que se realizó el recorrido y señalaron que las modificaciones podían afectar la revisión de los indicios.
Entre las personas detenidas por el caso se encuentra José Ascensión Murguía Santiago, quien se desempeñaba como alcalde de Teuchitlán y fue capturado el 3 de mayo de 2025. El exfuncionario fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada agravada y desaparición forzada. Según la FGR, habría utilizado patrullas, armas y elementos de la policía municipal para brindar protección al inmueble. En 2026, un tribunal colegiado le negó un amparo y permanecía en prisión preventiva, de acuerdo con la información disponible.
Otro de los detenidos es José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, señalado por las autoridades como responsable de actividades de reclutamiento y adiestramiento para el CJNG. Fue capturado junto con Abril “N”. En febrero de 2026 también fue detenida Alma Rosa Rivera Martínez, conocida como “La Leona”, identificada como presunta sucesora en las actividades de captación de víctimas mediante ofertas de empleo falsas difundidas en redes sociales y terminales de autobuses.
El caso de Jalisco coincide con el hallazgo de otro predio en Nayarit. El 3 de octubre, la fiscal general de esa entidad, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó sobre la localización de un sitio en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, cerca de Tepic, al que describió como un posible centro de exterminio mediante incineración y comparó con el Rancho Izaguirre.
En ese inmueble, las autoridades nayaritas localizaron una hornilla artesanal que presuntamente habría sido utilizada para incinerar cuerpos con gasolina y diésel, así como un tambo metálico relacionado con esas actividades. También se recolectaron fragmentos óseos en un riachuelo cercano y se encontró una fosa clandestina con cuerpos de aparición reciente. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una cifra oficial de víctimas ni han determinado la identidad de todos los restos recuperados.
Las declaraciones difundidas por la televisión italiana vuelven a colocar el Rancho Izaguirre en el centro del debate sobre las desapariciones en México y la capacidad de las autoridades para esclarecer el destino de las víctimas. No obstante, las afirmaciones del presunto sicario deberán contrastarse con las evidencias periciales y las investigaciones ministeriales para determinar si corresponden con los hechos ocurridos en el inmueble.
El caso se inscribe en una crisis nacional de desapariciones que involucra a familias buscadoras, colectivos ciudadanos y autoridades de distintos niveles de gobierno. La identificación de restos, el análisis genético y la preservación de los indicios son elementos fundamentales para esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a quienes continúan buscando a sus familiares. (Mas).
