El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que las recientes sanciones contra personas y empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa evidencian, según sus investigaciones, la presunta influencia de organizaciones criminales en estructuras de gobierno de Baja California.
De acuerdo con información de Agencia de Noticias Fronterizas, Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló en un comunicado que las designaciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ponen de manifiesto lo que calificó como influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California.
El funcionario estadounidense sostuvo que, de acuerdo con las acusaciones de las autoridades de ese país, asociados de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos presuntamente recibieron sobornos a cambio de proteger actividades del Cártel de Sinaloa frente a las autoridades.
Las declaraciones fueron realizadas después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentran Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, además de operadores financieros y personas identificadas por las autoridades estadounidenses como integrantes o facilitadores de estructuras criminales.
En la lista también fueron incluidos Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; su hermano, Luis Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública de Mexicali. Las autoridades estadounidenses los vincularon presuntamente con la célula denominada “Los Rusos”.
El Departamento de Estado indicó que las personas sancionadas forman parte, según sus investigaciones, de una estructura que permite al Cártel de Sinaloa mantener operaciones en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.
Pigott señaló que las medidas buscan afectar tanto a dirigentes de la organización criminal como a integrantes de sus redes financieras y a funcionarios mexicanos que, de acuerdo con las acusaciones estadounidenses, habrían facilitado sus actividades.
La ofensiva también contempla acciones para localizar a integrantes de células del Cártel de Sinaloa que operan en Baja California. El Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, identificados como jefes de plaza en Tijuana.
También se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, de acuerdo con el comunicado citado.
Las autoridades estadounidenses han señalado que las medidas forman parte de una estrategia para afectar las estructuras criminales mediante sanciones financieras y acciones contra dirigentes, operadores y personas que presuntamente facilitan sus actividades.
Las sanciones de la OFAC implican restricciones sobre los bienes y activos que las personas y empresas designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para determinadas transacciones con ciudadanos y entidades de Estados Unidos. (Mas).
