El Gobierno de México cedió 36 hectáreas de zona marítima federal en Bahía Catalina, al sur de Guaymas, Sonora, para la construcción y operación de una terminal privada de gas natural licuado (GNL) promovida por Amigo LNG, subsidiaria mexicana de la empresa texana Epcilon LNG.
De acuerdo con la información publicada por El País, la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas firmó en abril de 2025 un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con Amigo LNG para el uso, goce y aprovechamiento de la superficie destinada a la terminal. El convenio fue realizado mediante adjudicación directa y tiene una vigencia de 18 años, con posibilidad de prorrogarse por un periodo similar.
La empresa pretende utilizar el área para construir una planta de licuefacción que recibiría gas natural procedente de Estados Unidos y lo transformaría a estado líquido para posteriormente transportarlo mediante buques metaneros hacia mercados de Asia.
El proyecto contempla una capacidad que inicia con un volumen mínimo de 250 mil toneladas de gas durante el primer año y aumenta progresivamente hasta alcanzar 3.7 millones de toneladas a partir del décimo año. De acuerdo con la información publicada, esa operación implicaría el movimiento de entre 50 y 60 buques metaneros de gran tamaño.
El contrato establece que Amigo LNG deberá pagar anualmente 12 por ciento del valor del área cedida, además de una cuota de 10 pesos por cada tonelada de gas licuado procesada o movilizada. El documento también señala que las obras no podrán comenzar si la empresa no obtiene las autorizaciones ambientales correspondientes.
La cesión de la superficie fue cuestionada por la organización Defensa Ambiental del Noroeste, que obtuvo el contrato mediante mecanismos de transparencia. La agrupación sostiene que la adjudicación directa debía cumplir determinados requisitos, entre ellos contar con documentación relacionada con la autorización en materia de impacto ambiental.
El proyecto ingresó su trámite de Manifestación de Impacto Ambiental ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en noviembre de 2025 y recibió autorización en abril de 2026. La Secretaría de Marina explicó al medio que el contrato de cesión es solicitado por la autoridad ambiental para acreditar la vinculación jurídica del promovente con la superficie y que, para celebrar dicho convenio, no era necesario contar previamente con la autorización ambiental.
La autorización ambiental, sin embargo, enfrenta un proceso judicial. De acuerdo con el medio, un juez federal concedió una suspensión definitiva que ordena a la autoridad responsable abstenerse de ejecutar la resolución de autorización ambiental emitida el 13 de abril, por lo que ésta permanece temporalmente sin efectos habilitantes respecto de las obras y actividades del proyecto.
La ASEA informó al medio que no había sido notificada formalmente de la suspensión al momento de ser consultada, aunque reconoció que la medida podría mantenerse hasta que concluya el juicio de amparo. El procedimiento fue promovido en marzo de 2026 por la organización Nuestro Futuro, que cuestionó la información disponible sobre los posibles efectos de la terminal en los ecosistemas marinos y sociales del Golfo de California.
El proceso también generó cuestionamientos sobre información proporcionada por la autoridad ambiental dentro del juicio. Según documentación obtenida por El País, en mayo la ASEA señaló ante el juzgado que no se sabía si el proyecto sería resuelto de manera procedente o improcedente, pese a que documentos posteriores y registros de la empresa muestran que la autorización ambiental ya había sido aprobada en abril.
La agencia sostuvo que sus declaraciones ante el juzgado correspondieron a un contexto procesal específico y negó que tuvieran como objetivo ocultar la existencia de una resolución administrativa. La ASEA argumentó que no existe contradicción entre la autorización ambiental y las manifestaciones realizadas durante el juicio de amparo.
Amigo LNG forma parte de una serie de proyectos que buscan convertir el Golfo de California en una vía de exportación de gas natural estadounidense hacia los mercados asiáticos. Entre ellos se encuentran Saguaro Energía, en Puerto Libertad, Sonora, y Cosalá LNG, en Sinaloa. Otra terminal, Vista Pacífico LNG, proyectada en Topolobampo, fue cancelada a principios de 2026.
La estrategia contempla transportar gas natural proveniente de la cuenca Pérmica, en Texas, mediante gasoductos transfronterizos hasta las instalaciones ubicadas en territorio mexicano. Una planta de este tipo, Energía Costa Azul, opera ya en Ensenada, Baja California, y realizó en julio su primer embarque comercial con destino a Asia.
El proyecto de Guaymas ha recibido respaldo de autoridades federales y estatales. Durante una gira de trabajo por Sonora realizada en febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo participaron en actividades relacionadas con la inversión de Amigo LNG. En esa ocasión se informó que la planta representaría una inversión estimada de 6 mil 800 millones de dólares, equivalentes entonces a alrededor de 130 mil millones de pesos.
De acuerdo con la información publicada, Sheinbaum señaló durante aquella gira que se buscaba agilizar los permisos para iniciar la construcción y que se había definido la forma en que llegaría el gas natural a la planta. En julio, Durazo declaró que el proyecto ya contaba con todos los permisos.
La terminal se ubicaría en una región considerada de alta importancia ambiental. El Golfo de California alberga numerosas especies marinas, entre ellas la vaquita marina, especie endémica en peligro de extinción, y forma parte de un sitio reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.
Organizaciones ambientalistas han solicitado la intervención del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco ante el desarrollo de proyectos de infraestructura gasífera en la región. El organismo manifestó preocupación por el crecimiento de este tipo de megaproyectos y sus posibles impactos ecológicos y sociales.
Las opiniones técnicas solicitadas durante la evaluación ambiental también presentan observaciones sobre el proyecto. Según los documentos consultados por El País, una opinión elaborada por la Universidad de Colima consideró insuficiente la información disponible y señaló la falta de estudios técnico-científicos y referencias bibliográficas para sustentar diversos planteamientos.
A su vez, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada calificó al proyecto como controversial desde las perspectivas de transición energética y cambio climático. Parte de la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental y las opiniones técnicas fue reservada por las autoridades durante cinco años bajo argumentos relacionados con seguridad nacional y energética.
El proyecto Amigo LNG continúa así sujeto a un proceso judicial relacionado con su autorización ambiental, mientras la cesión de las 36 hectáreas y los planes para construir la terminal forman parte de una estrategia binacional para movilizar gas natural estadounidense hacia los mercados asiáticos a través del Golfo de California. (Mas).
