América Latina concentró 85 por ciento de los asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente registrados a nivel mundial durante 2025, de acuerdo con un informe de Global Witness, que documentó 124 homicidios de personas dedicadas a la protección de territorios y recursos naturales en distintos países.
De acuerdo con un reportaje publicado por El País, Colombia encabezó nuevamente la lista de países con más asesinatos, con 39 casos, seguida de Brasil, con 26, y Honduras, con 12. El informe señala que la región mantiene desde 2012, cuando Global Witness comenzó a publicar estos registros, el mayor número de homicidios contra defensores ambientales y territoriales.
El reporte, titulado Poder Colectivo, documentó 124 asesinatos en todo el mundo durante 2025, una cifra inferior a los 142 casos registrados en 2024 y a los 196 de 2023. Sin embargo, Toby Hill, autor principal del informe, pidió cautela al interpretar la reducción como una mejora, debido a que algunos asesinatos no son reportados y existen dificultades para documentar los casos en contextos represivos.
Las disputas por la tierra estuvieron relacionadas con más de la mitad de los homicidios registrados durante 2025, con 84 casos. Después se ubicaron los conflictos vinculados con proyectos extractivos, entre ellos 11 relacionados con la minería, ocho con la tala de madera y seis con la industria agropecuaria.
Casi tres cuartas partes de las personas asesinadas eran indígenas o pequeños campesinos. Del total mundial de 124 homicidios documentados, 109 correspondieron a hombres, 14 a mujeres y uno a una persona no binaria. Además, siete de las víctimas indígenas pertenecían a alguna guardia.
En América Latina, Global Witness identificó también vínculos entre la violencia contra defensores y el crimen organizado. En seis de los países con mayor número de casos se encontraron indicios relacionados con estas estructuras, cinco de ellos ubicados en la región.
Colombia registró 39 asesinatos durante 2025. De las víctimas, casi la mitad eran indígenas y 15 eran pequeños campesinos. El informe señala que 35 de los 39 homicidios estuvieron relacionados con conflictos por la tierra, mientras que en 17 casos se identificaron posibles vínculos con grupos del crimen organizado y en cinco de ellos se señaló la posible participación de sicarios.
El departamento colombiano del Cauca concentró 13 asesinatos, incluidos cuatro integrantes de la Guardia Indígena. Desde 2012, Global Witness ha documentado 171 homicidios relacionados con la defensa del medioambiente y la tierra únicamente en ese departamento.
Brasil registró 26 asesinatos, el doble de los reportados en 2024. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con el reconocimiento y la demarcación de territorios ancestrales. Entre las víctimas había 11 campesinos y siete indígenas, mientras que casi la mitad de los homicidios se concentró en los estados amazónicos de Rondônia y Pará.
Honduras también registró un aumento y alcanzó 12 asesinatos, el doble que en 2024. El país volvió a presentar la mayor cantidad de homicidios en relación con su población. La mayoría de los casos ocurrió en el departamento de Colón, en la costa del Caribe, donde las 10 víctimas registradas eran campesinos.
México contabilizó 10 asesinatos de defensores durante 2025, frente a los 19 casos registrados en 2024. El informe también señala otras formas de violencia contra quienes defienden el territorio, entre ellas 107 casos de criminalización, además de desapariciones, estigmatización e intimidación.
Guatemala registró ocho asesinatos. De acuerdo con el informe, dos de las víctimas se habían opuesto a proyectos mineros y otras dos habían protestado contra los impactos de proyectos hidroeléctricos.
En Perú se confirmaron cuatro asesinatos, mientras que Nicaragua y Ecuador registraron tres casos cada uno. En Ecuador, dos de las víctimas eran indígenas que participaban en una manifestación relacionada con la represión estatal y el aumento de los precios de los combustibles.
Global Witness señaló que la ausencia de registros en algunos países no significa que los asesinatos no ocurran, debido a las dificultades para obtener información en lugares con restricciones a la libertad cívica y gobiernos considerados altamente represivos por la organización.
El informe plantea medidas como garantizar los derechos colectivos, fortalecer los mecanismos de consulta previa y crear unidades especializadas para investigar los ataques contra defensores. También destaca mecanismos comunitarios de protección, como las patrullas y sistemas de monitoreo desarrollados por comunidades indígenas de la Amazonia peruana. (Mas).
