Trabajadores de la Procuraduría Agraria en distintas entidades del país fueron reubicados en bodegas, antiguos graneros y oficinas prestadas como consecuencia de los recortes al gasto en arrendamientos impulsados bajo la política de austeridad del gobierno federal.
Las mudanzas han dejado a personal de la dependencia laborando en espacios con problemas de ventilación, humedad, falta de sanitarios, carencia de equipo de cómputo y, en algunos casos, sin servicios básicos para atender a ejidatarios.
De acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, empleados de oficinas de representación en Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, además de personal de las oficinas centrales en la capital del país, señalaron que la reducción de recursos para rentas y operación ha deteriorado sus condiciones laborales.
Algunos trabajadores aseguraron que han tenido que utilizar sus propios equipos de cómputo, comprar materiales de limpieza y oficina e incluso aportar dinero para pagar la renta de los inmuebles.
Uno de los casos más severos se presenta en Yucatán, donde desde enero 39 trabajadores de la Procuraduría Agraria fueron trasladados a un inmueble que anteriormente funcionaba como bodega para fertilizantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. El cambio de sede fue atribuido a la necesidad de abandonar instalaciones rentadas y utilizar un espacio federal que no implicara el pago de arrendamiento.
El problema, según los testimonios recabados, es que el sitio carece de condiciones adecuadas para funcionar como oficina.
Los empleados realizan sus jornadas en un espacio sin ventanas y sin aire acondicionado, a pesar de que durante los meses de mayor calor las temperaturas en Yucatán han alcanzado máximas de entre 41 y 44 grados Celsius, con sensaciones térmicas que han llegado hasta los 50 grados.
Además de organizadores agrarios, abogados, analistas y personal administrativo, en esas instalaciones laboran becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Los trabajadores denunciaron que no cuentan con líneas telefónicas ni con suficientes herramientas institucionales para desarrollar sus funciones, por lo que recurren a computadoras personales y destinan parte de sus ingresos a materiales indispensables para mantener operativa la oficina.
Areli Ramírez, delegada sindical de los trabajadores en Yucatán, afirmó que los empleados han tenido que comprar desde artículos de papelería hasta agua, jabón y papel sanitario. También denunció que quienes han expresado inconformidades por las condiciones del inmueble enfrentan presiones y hostigamiento, mientras algunos trabajadores de confianza temen perder su empleo en caso de presentar quejas formales.
A las deficiencias internas se suman problemas de acceso al inmueble y condiciones ambientales complicadas. Empleados mencionaron falta de agua en los sanitarios, humedad y presencia de animales en los alrededores. Pese a ello, alrededor de 40 ejidatarios acuden cada semana personalmente a solicitar asesoría, debido a que la representación tampoco cuenta con una línea telefónica que facilite la atención a distancia.
La situación tiene como antecedente una reducción considerable en el gasto federal destinado al alquiler de inmuebles. El Informe de Austeridad Republicana 2025 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó una disminución de 59.1 por ciento en el gasto destinado al arrendamiento de edificios y locales en comparación con el ejercicio anterior.
El documento también registra reducciones en materiales y útiles de oficina, impresiones, consumibles informáticos, telefonía e infraestructura de cómputo, rubros que coinciden con varias de las carencias denunciadas por los empleados. Aunque el informe señala que determinados gastos considerados indispensables fueron reforzados para garantizar la operación de los programas, los trabajadores sostienen que esas mejoras no se reflejan en sus centros laborales.
El problema se extiende a Tlaxcala, donde 22 trabajadores fueron trasladados desde febrero a un conjunto conocido como Los Conos o Graneros del pueblo, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. Los inmuebles cilíndricos habían sido utilizados décadas atrás para almacenar granos de la desaparecida Conasupo y actualmente funcionan como oficinas, archivos y bodegas de mobiliario para la representación agraria.
En tres de esos antiguos graneros laboran grupos de siete u ocho personas por espacio, con apenas lugar para escritorios y archiveros. Los trabajadores señalaron que tampoco disponen de sanitarios propios, por lo que recurren a instalaciones de otras dependencias, además de carecer de telefonía, limpieza, vigilancia y computadoras institucionales.
En Guanajuato, diez trabajadores de la Procuraduría Agraria fueron reubicados desde diciembre de 2025 en un inmueble prestado por la Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, en Mineral de Pozos. El edificio presenta, según los testimonios, paredes afectadas por humedad y moho, además de daños y cuarteaduras en su estructura. La dependencia únicamente cubre los gastos de agua y energía eléctrica.
La precariedad también fue reportada en Atlacomulco, Estado de México, donde una representación integrada por 30 empleados opera en instalaciones con goteras que afectan los archivos almacenados en cajas de cartón. La falta de una bodega adecuada ha provocado que los expedientes permanezcan alrededor de los escritorios y queden expuestos a filtraciones de agua.
En Uruapan, Michoacán, los trabajadores enfrentan una situación distinta pero igualmente problemática: son los propios empleados quienes, de acuerdo con MCCI, reúnen aproximadamente 10 mil pesos mensuales de sus salarios para pagar la renta de la oficina y evitar que la representación suspenda sus actividades. Las autoridades cubren únicamente los servicios de agua, electricidad e internet.
Los efectos de los recortes también alcanzaron las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria. Desde noviembre de 2025 comenzó el desalojo de sus antiguas instalaciones y, a partir de marzo de este año, 459 trabajadores fueron concentrados en dos pisos del edificio del Registro Agrario Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Aunque el inmueble es relativamente nuevo, empleados reportaron goteras en los pisos asignados a la Procuraduría, algunas de las cuales han afectado equipo de cómputo. Los espacios diseñados para tres personas son utilizados por el doble de trabajadores, de acuerdo con los testimonios, mientras existen restricciones para emplear áreas comunes o conectar aparatos eléctricos de uso cotidiano.
MCCI informó que desde el 24 de agosto solicitó a la Procuraduría Agraria una postura sobre las denuncias formuladas por trabajadores de las distintas representaciones estatales y de las oficinas centrales. Hasta el momento en que fue publicado el reportaje, la dependencia no había respondido a los señalamientos sobre las condiciones laborales derivadas de los recortes y las reubicaciones. (Mas).
