Morena enfrenta una etapa decisiva rumbo a las elecciones de 2027, con riesgos que van desde las disputas internas por las candidaturas hasta posibles sanciones por actos anticipados de campaña, además de tensiones con sus aliados y la necesidad de evitar que perfiles cuestionados deterioren la imagen del partido.
De acuerdo con información publicada por El País, la dirigencia morenista busca definir durante la primera quincena de septiembre a quienes encabezarán las 17 candidaturas a gubernaturas que estarán en juego en 2027, antes de que comience formalmente el proceso electoral federal y en la mayoría de las entidades con comicios locales.
La premura responde, entre otros factores, al riesgo jurídico que enfrentan los aspirantes que ya recorren sus estados, realizan asambleas informativas, visitan domicilios y distribuyen el periódico Regeneración.
Fuentes partidistas señalaron que definir a los abanderados antes del inicio legal del proceso permitiría reducir la posibilidad de sanciones por actos anticipados de campaña, una falta que incluso puede tener consecuencias sobre el registro de una candidatura.
Pese a que la dirigencia ha insistido en que no se trata formalmente de precampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales han recibido durante los últimos meses diversas quejas relacionadas con actividades de aspirantes de Morena.
El partido denomina este proceso como selección de coordinaciones de defensa de la transformación y de la soberanía nacional.
La dimensión de la competencia interna representa otro desafío. En junio se registraron 277 personas interesadas en ocupar alguna de las 17 coordinaciones estatales, una cifra sin precedentes que obliga a Morena a filtrar perfiles y, al mismo tiempo, contener inconformidades entre quienes queden fuera de las encuestas finales.
El mecanismo contempla que participen hasta seis aspirantes por entidad en encuestas que serán levantadas durante agosto y la primera semana de septiembre. Sin embargo, en los Estados donde el Partido Verde Ecologista de México o el Partido del Trabajo cuenten con figuras competitivas, esos aliados podrán registrar perfiles de manera automática, reduciendo en algunos casos el número de espacios disponibles para militantes de Morena.
Guerrero aparece como uno de los focos de tensión debido a que se registraron 30 aspirantes. Entre los nombres mencionados se encuentran la senadora Beatriz Mojica; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la exconsejera jurídica de la Presidencia Esthela Damián; la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el dirigente petista Victoriano Wences.
En Chihuahua, en contraste, la competencia se ha concentrado principalmente entre el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez. Ambos han protagonizado durante meses una disputa por una candidatura que Morena considera estratégica, debido a que el partido buscará arrebatar al PAN el gobierno estatal en 2027.
Para tratar de impedir que las rivalidades internas fracturen al movimiento, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, han sostenido reuniones con aspirantes de distintas entidades para exigir respeto a las reglas del proceso, evitar ataques internos y mantener la unidad después de que se conozcan los resultados.
Las reglas internas también prohíben campañas ostentosas y acciones que puedan constituir violaciones a la legislación electoral, como la contratación de propaganda en medios, anuncios espectaculares o la colocación de publicidad en infraestructura urbana. La dirigencia busca reducir así los riesgos de que una eventual candidatura quede comprometida antes incluso del comienzo oficial de las precampañas.
En paralelo, Morena desarrolla una revisión de los casi 300 perfiles registrados. La Comisión de Honestidad y Justicia analiza antecedentes de quienes buscan participar, con requisitos relacionados con la ausencia de antecedentes penales, buena fama pública y la inexistencia de sanciones por violencia política de género.
La revisión adquiere especial relevancia para la dirigencia nacional debido a que Montiel asumió el control del partido con la intención de recomponer su imagen después del llamado caso Sinaloa. Desde entonces, la conducción morenista ha planteado como prioridad impedir que señalamientos de corrupción o conductas indebidas se conviertan en un lastre electoral.
La operación de unidad también involucra a figuras con influencia nacional. Morena distribuyó responsabilidades regionales entre distintos cuadros para acompañar sus procesos internos, entre ellos Ricardo Monreal, Alejandro Peña, Sergio Salomón Céspedes, Adán Augusto López y Mario Delgado, aunque la dirigencia ha rechazado que funcionarios públicos estén participando directamente en actividades partidistas.
El panorama se complica porque la elección de candidaturas a gobernador es apenas una parte del proceso. Morena deberá definir también sus perfiles para los 300 distritos electorales federales, los congresos locales y miles de ayuntamientos que estarán en disputa durante 2027.
A ello se suma la negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para construir alianzas locales. Los acuerdos deberán resolverse entidad por entidad y dependerán tanto de las condiciones políticas regionales como de los pactos que alcancen las dirigencias nacionales. Así, el principal riesgo para Morena rumbo a 2027 no se limita a sus adversarios electorales.
La capacidad del partido para ordenar una competencia interna con cientos de aspirantes, evitar rupturas, cumplir con la legislación electoral, seleccionar candidatos sin cuestionamientos y mantener cohesionados a sus aliados puede resultar determinante para conservar su posición dominante en las urnas. (Mas).
