El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, realizó pagos por supuestos servicios de hospedaje, alimentación y combustible a contribuyentes incluidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sus listados de simuladores de operaciones fiscales, conocidos comúnmente como empresas fantasma.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las facturas fueron utilizadas para comprobar gastos derivados de comisiones efectuadas por personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, área perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Los comprobantes fiscales fueron emitidos durante el periodo en que José Antonio Cruz Medina se desempeñó como subsecretario de Investigación Especializada. El funcionario fue nombrado posteriormente secretario de Seguridad Pública del estado, cargo que asumió en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés.
Ramírez Bedolla anunció el relevo el 16 de noviembre de 2025 y explicó que la designación buscaba consolidar el Plan Michoacán, estrategia puesta en marcha por autoridades federales y estatales después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025 como una estrategia para atender la violencia y fortalecer las condiciones económicas y sociales de la entidad. El proyecto incluye acciones de seguridad, infraestructura, educación, desarrollo regional y programas sociales.
Antes de incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Medina se desempeñó durante aproximadamente tres meses como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Previamente estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigación Especializada, desde donde se realizaron las comisiones relacionadas con las facturas revisadas.
Entre los proveedores identificados se encuentran Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Alejandro Santiaguillo Rivera. Ambos contribuyentes fueron incluidos por el SAT en el listado definitivo de personas que simularon operaciones fiscales, lo que significa que la autoridad determinó que emitieron comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material necesarios para prestar los servicios facturados.
Baltazar Díaz emitió comprobantes por servicios de hospedaje y alimentos. Enrique Alejandro Santiaguillo facturó a nombre de un establecimiento denominado Mi Solar por alojamiento, comida y venta de combustible destinado presuntamente a las actividades del personal de seguridad estatal.
La investigación también localizó pagos a Constantina Corona Bello, Efrén Caldelas Quino, relacionado con Nuevo Hotel México, y Joaquín Rossainz Hernández, identificado con Hotel Hernández. Estos contribuyentes aparecen en el listado del SAT correspondiente a personas que presuntamente realizan operaciones inexistentes.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revisó los folios fiscales de los comprobantes emitidos por esos proveedores y encontró que los comprobantes fiscales digitales por internet permanecían registrados como vigentes. Esto significa que las facturas no habían sido canceladas al momento de la consulta, pese a que sus emisores figuraban en los listados de presuntos o definitivos simuladores.
Para obtener mayor información, la organización presentó solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia dirigidas a las secretarías de Gobierno, Finanzas y Seguridad Pública de Michoacán. En ellas pidió copias de todas las facturas pagadas a nombre de los contribuyentes señalados por el SAT.
Como parte de las solicitudes, MCCI entregó a las dependencias un archivo en formato PDF con ejemplos de las facturas emitidas por cada proveedor. Los documentos incluían el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Estado de Michoacán como receptor de los servicios.
A pesar de que las solicitudes fueron acompañadas por comprobantes fiscales que acreditaban la existencia de las operaciones registradas, las tres dependencias respondieron que no contaban con información relacionada con pagos efectuados a esos contribuyentes.
La negativa de las instituciones estatales contrasta con los CFDI localizados y verificados, los cuales aparecen como vigentes y señalan al gobierno michoacano como receptor. Las autoridades no han explicado por qué las dependencias aseguraron carecer de registros sobre facturas emitidas con el RFC estatal.
El caso abre cuestionamientos sobre los mecanismos empleados por el Gobierno de Michoacán para contratar proveedores, comprobar gastos de comisión y revisar la situación fiscal de quienes prestan servicios a las áreas de seguridad. También plantea dudas sobre el destino de los recursos públicos y la supervisión aplicada a las operaciones realizadas desde la Subsecretaría de Investigación Especializada. (Mas).
