Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, uno de los más poderesoso de México, por el tráfico de fentanilo, un potente opioide sintético.
El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las medidas afectan a dos estructuras diferenciadas dentro del cártel, consideradas clave tanto en la distribución de drogas como en el lavado de dinero.
Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.
Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.
La segunda red está encabezada por Jesús González Peñuelas, considerado un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.
“Como ha dejado claro el presidente (Donald) Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno” declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El fentanilo es un potente opioide sintético, unas cien veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.
Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal, especialmente cuando se mezcla con otras drogas.
Y México anuncia investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que está investigando a 12 personas y 2 entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda de México informó que está reforzando las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, apuntó la dependencia del Gobierno federal.
En este sentido, recordó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades internacionales para proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.
Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotráfico que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, designó como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.
Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlos de narcotráfico por colaborar, supuestamente, con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos. (EFE).
