El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a fiscales federales ampliar el uso de leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico, en una decisión que endurece el frente judicial impulsado por la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles mexicanos.
La información fue revelada por The New York Times, que citó a un alto funcionario estadounidense para señalar que la instrucción fue comunicada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, durante una reunión interna con fiscales de distintas regiones del país.
De acuerdo con el reporte, la directriz forma parte de una estrategia para incrementar el número de casos contra servidores públicos extranjeros que, presuntamente, habrían facilitado operaciones del crimen organizado desde estructuras gubernamentales.
Según el medio estadounidense, la nueva línea de acción instruye a los fiscales a considerar cargos por “apoyo material a organizaciones terroristas”, una figura legal que ha sido utilizada principalmente en procesos relacionados con terrorismo internacional, pero que ahora se busca aplicar a redes vinculadas al narcotráfico tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de clasificar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
El fundamento jurídico de esta estrategia se apoya en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, mediante la cual se formalizó la designación de diversos grupos criminales como organizaciones terroristas.
Esta clasificación amplía las herramientas legales del Departamento de Justicia para perseguir no sólo delitos de narcotráfico, sino también cualquier forma de colaboración, financiamiento o asistencia a dichas estructuras.
La medida, de acuerdo con el reporte, fue planteada en una conferencia interna con fiscales federales de 93 oficinas regionales, en la que Singh habría instado a intensificar investigaciones contra funcionarios extranjeros señalados de corrupción vinculada al narcotráfico. El objetivo, según la interpretación del medio, es elevar significativamente el número de acusaciones contra autoridades que habrían utilizado su posición para proteger o facilitar actividades criminales.
El anuncio se produce después de que el Departamento de Justicia presentara una acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Dicho expediente es considerado uno de los más relevantes abiertos recientemente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York debido a la magnitud de los señalamientos.
En ese mismo contexto, las autoridades estadounidenses también han vinculado a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y general retirado del Ejército, quien fue detenido recientemente en Arizona.
Mérida figura entre los principales imputados dentro del caso, que investiga presuntos esquemas de sobornos, protección institucional y apoyo político a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con la acusación, diversos funcionarios y mandos de seguridad habrían recibido pagos y respaldo electoral a cambio de permitir la operación libre de integrantes del grupo criminal en distintas regiones de Sinaloa. Las investigaciones también apuntan a una posible red de protección que habría operado durante años dentro de estructuras policiales y administrativas.
El caso incluye además a personajes que aún ocupan cargos públicos, entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, lo que ha ampliado el alcance político del expediente y generado tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Tras la difusión de las acusaciones, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya solicitó separarse temporalmente del cargo, mientras que un juez federal en Estados Unidos habría bloqueado de forma provisional cualquier intento de detención o extradición inmediata.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en distintos momentos la solidez de las acusaciones, al señalar que no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten los señalamientos difundidos por autoridades estadounidenses. (Mas).
