Las redes sociales revivieron un video íntimo del senador Enrique Inzunza Cázares, material que data de 2017 y que muestra al político en actos sexuales, grabación que presuntamente fue enviada sin consentimiento a la jueza Ana Karina N, quien en ese entonces ocupaba un cargo en el Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Este resurgimiento ocurre en medio de las recientes acusaciones de narcotráfico que enfrenta Inzunza por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ha vuelto a colocar al legislador bajo el escrutinio público.
La difusión del video generó indignación en redes sociales, donde usuarios y colectivos feministas han retomado la campaña con la frase “Un acosador no puede ser senador”.
La grabación, según las investigaciones, fue enviada a la jueza sin su consentimiento, por lo que ella interpuso una demanda por acoso sexual en 2018, que hasta la fecha ha permanecido prácticamente sin avances significativos.
La jueza ha denunciado públicamente que la Fiscalía y el Poder Judicial de Sinaloa habrían incurrido en encubrimiento, lo que motivó que, en años recientes, colectivos feministas amenazaran con dar a conocer el contenido del video si las autoridades no actuaban.
La jueza Ana Karina N ha expresado su intención de acudir incluso a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar que se aplique la ley y su caso no quede impune.
En 2019, la víctima señaló que, como represalia por haber presentado la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública del estado le retiró la escolta asignada, evidenciando un contexto de presión y hostigamiento dentro del propio sistema judicial.
La denuncia inicial, registrada bajo el expediente CLN/AEDSEX/003107/2018/CI, se ha mantenido estancada, lo que ha generado críticas hacia las autoridades locales y cuestionamientos sobre la legalidad de la candidatura de Inzunza a senador por Morena.
El caso se complica aún más al sumarse a los recientes señalamientos de Estados Unidos contra Inzunza por narcotráfico, en los que se le acusa de conspirar con el Cártel de Sinaloa, protegiendo a integrantes de la organización a cambio de beneficios económicos.
Estas imputaciones, que incluyen delitos como posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con narcotráfico, podrían conllevar penas de hasta cadena perpetua.
En respuesta a las acusaciones y al revuelo mediático, Enrique Inzunza anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado, argumentando que su presencia podría ser utilizada por la oposición para generar un “espectáculo indigno”.
El senador aseguró que permanecería en Sinaloa, cerca de la ciudadanía, manteniendo “la frente en alto” mientras enfrenta las investigaciones.
El caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de la Ley 3 de 3, que establece que personas con investigaciones o condenas por delitos sexuales no pueden contender por cargos de elección popular.
Actualmente, la jueza Ana Karina N trabaja en el Centro de Justicia Penal Federal del Décimo Segundo Circuito, en el estado de Sinaloa. (Mas).
