La relación entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de tensión marcado por señalamientos de injerencia y una presunta ofensiva contra políticos vinculados al crimen organizado.
En medio de este escenario, la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano y las recientes declaraciones del embajador estadounidense han reavivado el debate sobre la soberanía y la cooperación bilateral.
De acuerdo con información publicada por el diario Los Ángeles Times, el Gobierno de Donald Trump habría puesto en marcha una campaña dirigida a investigar y sancionar a funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado, lo que incluiría la preparación de denuncias penales en tribunales estadounidenses contra integrantes del partido oficialista Morena.
La polémica surge en un momento clave, a poco más de un mes del inicio formal de las negociaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado prioritario por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria ha subrayado la importancia de garantizar estabilidad económica, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y energéticas.
El conflicto se intensificó tras la muerte de dos agentes de la CIA el pasado 19 de abril en Chihuahua, hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal y cuestionamientos sobre las actividades de dichos agentes en el país.
Mientras el Gobierno mexicano busca esclarecer lo ocurrido, el embajador de Estados Unidos, Robert Johnson, exigió desde Sinaloa “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para las inversiones estadounidenses, advirtiendo además que “Es probable que pronto veamos acciones significativas en esta materia. Estén atentos”.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum respondió que su administración actúa contra la corrupción y dejó en claro que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas:
“Si hay una investigación de alguna fiscalía contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras. Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga pruebas de corrupción”.
No obstante, también lanzó un mensaje directo al país vecino al señalar que “Y también, en Estados Unidos, tienen que revisar casos en Estados Unidos”.
Según la información difundida, la estrategia estadounidense no se limitaría a la cancelación de visas —medida que ya habría afectado a decenas de funcionarios—, sino que escalaría a procesos judiciales.
Entre los nombres que han circulado se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Adán Augusto López, aunque hasta ahora no existen confirmaciones oficiales en todos los casos.
En paralelo, el Gobierno mexicano informó que los agentes fallecidos ingresaron al país con distintos estatus migratorios y que no se notificó a las autoridades federales sobre su participación en operativos conjuntos.
Este hecho ha generado tensiones adicionales con autoridades locales, incluyendo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien deberá comparecer ante el Senado.
Así, entre acusaciones cruzadas, presiones políticas y negociaciones comerciales en puerta, el vínculo entre ambos países atraviesa un momento complejo, donde el tema de la corrupción y la posible injerencia extranjera vuelve a colocarse en el centro de la agenda bilateral. (Mas).
