Más de 40 alertas por presuntos desvíos de recursos en la Embajada de México en Reino Unido fueron ignoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitió que irregularidades financieras y administrativas permanecieran sin sanción durante varios años.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, las advertencias –en forma de oficios, correos y reportes formales– se emitieron durante las gestiones de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, sin que se activaran mecanismos efectivos de control antes de la salida de este último en abril de 2026.
Las denuncias fueron impulsadas por la entonces embajadora en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien dejó el cargo en enero de 2026 en medio de cuestionamientos. Durante su gestión reportó posibles irregularidades que involucrarían a funcionarios como Érika Pardo Rodríguez, encargada de funciones administrativas; Abel Escartín, exembajador vinculado aún a operaciones bancarias, y Octavio Perales, servidor adscrito a la representación.
Documentos internos, entre ellos un informe y un acta de entrega-recepción, así como expedientes identificados como DE100 y DE86, detallan la mecánica del presunto desvío. El esquema incluía la alteración de facturas y transferencias trianguladas; por ejemplo, un comprobante por 9 mil 909 libras fue modificado a 19 mil 909 libras, desviando la diferencia a cuentas personales.
Las investigaciones también contemplan movimientos específicos por 13 mil y 19 mil libras, así como la destrucción de un vehículo oficial Mercedes Benz S 320, lo que apunta a irregularidades tanto en recursos financieros como en bienes del Estado.
Una auditoría realizada entre 2021 y 2025 derivó en 74 acciones –46 correctivas y 28 preventivas–, de las cuales 31 permanecían pendientes al cierre de la gestión, evidenciando la falta de resolución pese a observaciones formales.
Otro elemento relevante es la participación de la empresa Easy Steps, que habría recibido más de 140 mil libras sin contar con registro formal en Reino Unido. A pesar de ello, los pagos fueron procesados como servicios contratados por la embajada sin acreditarse su existencia legal ni la prestación efectiva de servicios.
Asimismo se documentó la emisión de un certificado de patrocinio migratorio a una persona sin vínculo laboral con la representación diplomática, trámite que habría facilitado la obtención de una visa de trabajo en territorio británico.
Aunque la dependencia aseguró que todas las denuncias se atienden mediante instancias internas, no respondió de forma puntual a los hallazgos. Los documentos muestran un patrón de irregularidades detectadas y reportadas, pero sin consecuencias claras.
El caso refleja no solo un posible esquema de corrupción, sino fallas estructurales en los mecanismos de control institucional, que permitieron que las anomalías persistieran sin ser contenidas. (Mas).
