El Senado de la República aprobó una reforma que permitirá al gobierno federal acceder a recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) como parte de un nuevo esquema de inversión mixta para financiar proyectos de infraestructura estratégica en el país.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada con 84 votos a favor de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra al advertir riesgos para las finanzas públicas y los ahorros de los trabajadores.
La reforma crea la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la que se sustituye el modelo de Asociaciones Público-Privadas por los llamados Esquemas de Participación Mixta.
Bajo este nuevo esquema, el Estado mantiene la propiedad y rectoría de los proyectos, mientras que la iniciativa privada participa como socio o contratista bajo condiciones específicas.
El dictamen establece que los recursos de las Afores, que superan los seis billones de pesos pertenecientes a más de 70 millones de trabajadores, podrán canalizarse a proyectos productivos de largo plazo.
Actualmente, solo una parte de estos fondos se invierte en infraestructura, pese a que la regulación permite un porcentaje mayor.
Para ello, se contempla la creación de Vehículos de Propósito Específico, que podrán operar como fideicomisos o sociedades y tendrán como objetivo aislar los riesgos financieros de cada proyecto.
Estos instrumentos permitirán la participación conjunta de gobierno, empresas privadas y sector social, incluyendo cooperativas, comunidades y ejidos.
Además, la legislación introduce cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permitiendo que el gobierno inicie procesos de contratación de obras sin contar aún con el total de los recursos, siempre que garantice su disponibilidad antes de adjudicar los contratos.
También se establece que los proyectos considerados prioritarios no podrán sufrir recortes presupuestales.
El nuevo modelo plantea que los riesgos se distribuyan entre los participantes conforme a su capacidad de gestión, a diferencia del esquema anterior en el que el Estado asumía gran parte de las obligaciones para garantizar la rentabilidad privada.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron la reforma al considerar que podría comprometer el ahorro de los trabajadores y generar opacidad.
La senadora Claudia Anaya criticó que “Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos, sí, gubernamentales, pero con inversión privada. Eso es lo que está aprobando la izquierda de este país”.
En contraste, legisladores oficialistas defendieron la medida al señalar que permitirá reactivar la inversión en infraestructura y corregir deficiencias de modelos anteriores, como obras inconclusas y falta de control operativo por parte del Estado.
La ley también prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica, encabezado por la titular del Ejecutivo federal, que será responsable de definir los proyectos prioritarios, coordinar inversiones y supervisar el desarrollo de las obras.
El decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor. (Mas).
