El monto observado surgió de revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a tres fondos federales que manejó Chiapas en 2024, último año del morenista Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, hoy cónsul general de México en Miami.
Se trata de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, así como Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.
OBSERVACIONES EN PARTICIPACIONES FEDERALES
La mayor cantidad por aclarar se concentra en Participaciones Federales a Entidades Federativas: 685 millones 362 mil 506.47 pesos, divididos en dos categorías: 91 millones 850 mil pesos en los que la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública federal y 593 millones 512 mil 506.47 pesos que pide al gobierno justificar y proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria.
En cuanto al posible daño al erario, los auditores detectaron que no se presentaron las pruebas de laboratorio por las que el gobierno, a través del contrato CM-007-001-006-2024, pagó 36 millones 250 mil pesos,
Asimismo, afirmó que no hay evidencia de los entregables por “servicios integrales” requeridos por “actos conmemorativos de orden social 2024”. Son nueve contratos de los EMEEQUIS tampoco encontró las versiones públicas: CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-09- 24, CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-10-24, CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-07-24, CCeIH-UAA-ARMySGGOS-06-24, CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-08-24, CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-01-24, CCeIH-UAAARMySG-GOS-02-24, CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-04-24 y CCeIH-UAA-ARMySG-GOS-05-24.
Por ellos, presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 55 millones 600 mil pesos; entre las inconsistencias está que se realizaron pagos durante junio, cuando los contratos se firmaron hasta un mes después y especificaban que los servicios se realizarían durante julio, agosto y septiembre.
Por las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el gobierno de Chiapas también debe aclarar el uso de 561 millones 30 mil 773.41 pesos por las diferencias entre la información contractual de trabajos que están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de Chiapas, como el número de contrato, contratista, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), monto pagado con participaciones, partida y número de póliza, entre otros, ya que no coincide con la información financiera del gasto, entre ésta los registros contables, presupuestales y estados de cuenta bancarios donde se administraron estos recursos federales.
El ente federal también requirió documentación adicional justificativa que compruebe que 1 millón 598 mil 624.83 pesos se destinaron al pago del estímulo “Premio Maestro Rafael Ramírez”, porque el gobierno no se proporcionó la totalidad de pólizas, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencia electrónica, cheques, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y dispersiones de nómina por 29 trabajadores supuestamente galardonados.
“No se dispone de la documentación completa para verificar que fue pagada conforme al método de cálculo autorizado”, expuso el dictamen.
La administración estatal, ahora a cargo del también morenista Eduardo Ramírez Aguilar, quien tomó posesión el 8 de diciembre de 2024, también debe aclarar 956 mil 864.72 pesos que registró como “pagos” a 12 trabajadores, después de la fecha en la que ya se había concretado su baja definitiva.
Asimismo, 3 millones 354 mil 296.73 pesos por pagos indebidos a otros 217 trabajadores, igualmente después de baja, y a 2 durante el periodo en el que tuvieron licencia sin goce de sueldo.
Por aclarar, además, tiene 23 millones 902 mil 349.91 pesos por diferencias entre la información contractual de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y sus reportes financieros del gasto.
Aunado a ello, la ASF le requiere comprobar 2 millones 669 mil 596.87 pesos que son parte transferencias bancarias incompletas en los contratos SOP-OBRA-2023-029 E y SOP-SERV-2024-055 E a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, “por lo que se deberá acreditar el pago realizado con el total de las erogaciones de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024”.
FALLAS EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES
Todas estas irregularidades, que suman los 685 millones 362 mil 506.47 pesos, fueron detectadas en la auditoría 582, parte del tercer informe de fiscalización de la cuenta pública 2024, entregado por la Auditoría Superior a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el pasado 17 de febrero.
Además, la ASF emitió Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que se realicen investigaciones y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo contra servidores públicos que, en su gestión, no privilegiaron el procedimiento de licitación pública, ya que otorgaron el 97 por ciento de las obras mediante adjudicación directa, “lo cual desnaturalizó el carácter excepcional de la adjudicación directa, vulneró los topes porcentuales fijados en el Presupuesto de Egresos y restringió la libre participación de contratistas, impidiendo garantizar al erario las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad”.
Otra promoción fue porque no se acreditó contar con las cotizaciones o éstas no cumplían con que el proveedor contratado fuera la oferta más baja.
De igual forma, con la revisión de los 31 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios seleccionados como muestra de auditoría, el órgano de inspección constató que en el contrato CV/SH/032/2024, por 546.4 miles de pesos, dos empresas concursantes se encuentran presuntamente vinculadas entre sí por dos socios; “de lo anterior se desprende una deficiente revisión de la documentación presentada por los participantes en los procedimientos de adjudicación y contratación”. Ese contrato tampoco fue hallado por EMEEQUIS en alguna versión pública.
TRABAJADORES SIN GRADO, ELECTOS O FALLECIDOS
Por los recursos que Chiapas recibió del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el ente federal practicó la auditoría 585, en la que, tras revisar las nóminas, comprobó que se realizaron pagos en exceso por 35 millones 808 mil 831.85 pesos en sueldos en las quincenas 17 a 23, como parte del programa “Apoyos a centros y organizaciones de educación”. Esta cantidad la ASF la presume como un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal.
También le demanda a la administración estatal 3 millones 513 mil 732.01 pesos –que igualmente ve como posible daño al erario– por no proporcionar la documentación soporte de los perfiles de puestos ni del grado académico de 50 trabajadores, y 200 mil 640.65 pesos por remunerar con los recursos del programa a 4 trabajadores que tenían un cargo de elección popular en el momento de los pagos que recibían del sistema educativo, a 6 durante una licencia sin goce de sueldo, a 16 después de su baja definitiva, y a 5 que habían fallecido.
Igualmente emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise el Registro Federal de Contribuyentes GEC8501013X9, del Gobierno del Estado de Chiapas, por la cancelación que hizo de comprobantes ficales, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones.
En total, son 39 millones 523 mil 204.51 pesos pendientes por aclarar.
En tanto, al gobierno de Chiapas también se le practicó la auditoría 580 por el dinero que recibió del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, siempre en la cuenta pública 2024. La fiscalización arrojó un posible daño al erario por 15 millones 452 mil 647.36 pesos, derivado de dos irregularidades en el parque vehicular de la corporación.
Primero, 14 millones 271 mil 802.48 pesos observados por el contrato número FGE/CGAF/DRMSG/001/FOFISP/2024, debido a que 11 vehículos no cumplieron con el balizamiento estipulado en la normativa, además de 2 unidades cuya evidencia fotográfica proporcionada no coincide con los números de matrícula estipulada en los resguardos respectivos, “por lo que no fue posible validar las características de dichos vehículos”, expuso la ASF.
El segundo posible daño es por 1 millón 180 mil 844.88 pesos, ya que 1 vehículo facturado no cumplió con el balizamiento estipulado en la normativa.
(emeequis).
