Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Merino, otra vez bajo la lupa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó la cloaca a la pasada administración del exgobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos sobre el ejercicio de recursos públicos en 2022.
El hoy director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de acuerdo con el máximo órgano fiscalizador, incurrió en un subejercicio por 191 millones 544 mil pesos que no fueron comprometidos en tiempo y forma.
Lo anterior forma parte de una revisión que realizó la ASF al destino de 3 mil 182 millones 551 mil pesos transferidos por la federación al gobierno de Tabasco para distintos rubros, entre ellos servicios de salud.
El tema no es menor, si se toma en cuenta que en el 2022 el sistema de salud aún enfrentaba los estragos de la pandemia por Covid-19, la atención a pacientes con comorbilidades y una alerta sanitaria por dengue.
En ese escenario, cualquier peso no ejercido representaba no solo una cifra contable, sino una posible omisión en la respuesta institucional ante necesidades urgentes que pusieron en peligro la vida de muchos tabasqueños.
La ASF no solo documentó el subejercicio, sino que ordenó la devolución de los recursos no utilizados. Sin embargo, el gobierno estatal, encabezado por Merino Campos realizó el reintegro con casi tres meses de retraso, lo que añade un elemento adicional de cuestionamiento administrativo y financiero.
Pero además, en el informe que dio a conocer la ASF se destaca que también se abrieron investigaciones por adjudicaciones directas que, según el órgano fiscalizador, no fueron debidamente justificadas.
Entre ellas destaca una contratación por 4 millones 279 mil pesos para la compra de medicinas y productos alimenticios sin pasar por los filtros de una licitación pública.
Otros contratos observados incluyen 3 millones 299 mil pesos para maquinaria y equipo eléctrico y electrónico; 3 millones 298 mil pesos para equipos y aparatos de comunicación; 3 millones 130 mil pesos en vestuarios y uniformes; y 2 millones 615 mil pesos para bienes informáticos.
Si bien una auditoría no implica automáticamente responsabilidad penal, sí establece una narrativa pública sobre la eficiencia y la transparencia en el uso de recursos federales.
Al final del día la pregunta de fondo no es solo si hubo irregularidades administrativas, sino qué tan comprometida fue la gestión pública del cuestionado exgobernador sustituto en un momento crítico para la salud de los tabasqueños.
