Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Cuando la violencia es invisible
Un reciente informe de la organización México Evalúa vino a confirmar lo que miles de familias viven todos los días, que las desapariciones en este país ya no son un asunto de cifras sino el retrato más crudo del fracaso en materia de seguridad.
Y no es para menos, hoy alrededor de 130 mil personas están reportadas como desaparecidas a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Incluso el diario británico The Guardian ha documentado cómo este fenómeno está directamente vinculado a la expansión territorial y operativa de los cárteles de la droga, que como se ha dicho ya dominan la mayor parte de la república.
Queda claro pues que México no solo enfrenta el flagelo de violencia en su máxima expresión, sino una mutación del crimen organizado que ha perfeccionado la desaparición de personas como estrategia.
De acuerdo con datos de México Evalúa en los últimos diez años, el incremento de desapariciones supera el 200%.
Vamos, ahora se trata de un fenómeno que ya no responde únicamente a disputas entre organizaciones criminales, sino a un modelo de control territorial que incluye reclutamiento forzoso, eliminación de rivales y “limpieza” sistemática de zonas estratégicas.
Lo peor del caso es que desaparecer cuerpos mediante el uso de fosas clandestinas, incineraciones y disolución en ácido se han convertido ya en una técnica para invisibilizar la violencia.
No dejar rastro es la nueva lógica criminal, menos cadáveres identificables significan menos presión pública y menos evidencia judicial. Sólo así se va entiendo la baja en los homicidios dolosos.
Aunque en el 2018 fue creada la Comisión Nacional de Búsqueda, esta nació con recursos limitados y la fuerza del Estado necesaria para hacer frente a una crisis en materia de seguridad de esta magnitud.
Por eso el esfuerzo ha sido claramente insuficiente frente a un fenómeno que crece exponencialmente.
Por si fuera poco, en la antesala de las elecciones de 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la cifra oficial de desaparecidos a poco más de 12 mil casos, una decisión que generó indignación entre colectivos de víctimas y expertos en derechos humanos.
A pesar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido mayor transparencia y un nuevo informe que ofrezca datos más precisos, no obstante la credibilidad institucional está erosionada.
Máxime cuando organismos internacionales como la ONU han señalado que cuando más del 96% de los delitos quedan impunes, el problema no es solo de registro, sino de justicia.
