Las recientes maniobras para involucrar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como a los liderazgos de este instituto político en la capital y en el Estado de México, en los sucesos violentos del pasado 15 de noviembre en la capital de la República son, una vez más, un intento burdo de fabricar culpables donde no existen hechos, pruebas ni sustento legal alguno.
Responsabilizar a dirigentes y militantes del PRI —entre ellos Israel Betanzos, Cristina Ruiz Sandoval; Carlos Gutiérrez Mancilla, líder juvenil, y Ángel Gutiérrez, El Faria, presidente del PRI en la Gustavo A. Madero— de la violencia en una marcha que se desarrolló de manera pública, abierta y orgánica, es una mentira, una vil calumnia.
Lo único que como priistas hemos hecho, es ser oposición y enfrentar a un régimen autoritario que, como lo demuestra la actitud de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, no soporta la crítica y busca acallar a quienes alzan la voz para denunciarlos.
En el Congreso local, legisladores de Morena, impulsan de manera apresurada y arbitraria la creación de una comisión investigadora, sin facultades claras, sin sustento jurídico y sin un solo elemento objetivo que justifique su existencia. Ni siquiera está conformada y ya pretenden usarla como herramienta de persecución política. Queda claro que esta ofensiva responde más a intereses políticos, que a la búsqueda genuina de justicia.
Pretenden que la Fiscalía atraiga un caso que ni siquiera existe en términos jurídicos: no hay evidencias, no hay testimonios, no hay nada. Solo una narrativa construida para perseguir y desviar la atención.
Además, el uso faccioso de la Fiscalía confirma un patrón peligroso: buscan amedrentar, judicializar la política y politizar la justicia. Las instituciones que deberían servir al Estado de derecho están siendo usadas para perseguir opositores y proteger a quienes hoy abusan del poder.
Mientras fabrican cortinas de humo, evitan que se hable de los problemas reales de México: la violencia que se desborda en comunidades enteras y la ausencia total de resultados por parte del gobierno. Cuando no pueden dar respuestas, inventan culpables.
Por ello, anunciamos que presentaremos denuncias formales contra los diputados y las diputadas de Morena que han promovido esta persecución, por intimidación, abuso de funciones y falsedad ante la autoridad. No vamos a permitir que se normalice el uso político del aparato del Estado.
Este episodio se suma a una cadena de ataques contra Alejandro Moreno y contra legisladores federales y locales priistas, cuyo único “delito” ha sido ejercer con firmeza la dirigencia nacional del PRI, señalar los abusos del régimen y defender la pluralidad democrática del país. Cada acusación infundada exhibe una vez más la intolerancia de quienes no soportan la crítica ni la oposición.
Desde el PRI reiteramos que no se permitirá que se utilicen órganos legislativos ni ministeriales para montar expedientes a modo. Exigimos respeto al debido proceso, a la verdad y al país.
Alejandro Moreno y los liderazgos del PRI en el Congreso y en las legislaturas locales seguirán siendo firmes: no se doblarán ante campañas de calumnias. Su compromiso es con la democracia, pero también con quienes más necesitan una voz que los defienda: los jóvenes que exigen oportunidades reales, los productores agrícolas que resisten en el abandono, y todas y todos los ciudadanos que se atreven a levantar la voz frente a la injusticia.
Podrán intentar meter a unos cuantos a la cárcel, pero no podrán encarcelar a todo México. El país ya despertó, y nadie va a detener a millones de mexicanas y mexicanos decididos a defender su libertad, su dignidad y su futuro.
