Nueve meses antes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno de Estados Unidos ya había advertido a México sobre el alto riesgo de ataques contra autoridades y civiles en Michoacán, señalando directamente a tres organizaciones criminales como responsables de sembrar el terror en la región.
Las alertas, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades mexicanas, hasta que la violencia escaló al asesinato del edil, ejecutado por un menor de 17 años vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según una investigación del portal Emeequis, en febrero de 2025 el Departamento de Estado norteamericano designó al CJNG, La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Cárteles Unidos (CU) como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas, en virtud de sus actos sistemáticos de violencia, entre ellos secuestros, ataques con explosivos, asesinatos de funcionarios y uso de drones contra fuerzas de seguridad.
El reporte advertía que estos cárteles no solo controlaban territorios mediante el narcotráfico, sino que recurrían a la intimidación directa de alcaldes, militares y policías para consolidar su poder.
El informe fue claro al señalar que el CJNG había ejecutado asesinatos selectivos contra funcionarios públicos, además de ataques a fuerzas de seguridad con armamento militar.
En el caso de La Nueva Familia Michoacana, se identificaron prácticas similares, incluyendo el uso de drones cargados con explosivos.
Cárteles Unidos, por su parte, fue descrito como una red violenta que ha causado numerosas bajas civiles y militares desde su formación en Michoacán.
A pesar de estas advertencias, el gobierno mexicano no reforzó la seguridad en la entidad ni modificó su estrategia para contener el avance de estos grupos. El asesinato del presidente municipal de Uruapan obligó finalmente al despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluyó la puesta en marcha del Operativo Paricutín, con 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, y mil 781 de la Marina.
Actualmente, hay más fuerzas federales desplegadas en Michoacán que en la Operación Frontera, que abarca seis estados del norte del país. La violencia en municipios como Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan ha generado una alerta de viaje nivel 4 por parte del gobierno de Estados Unidos –la más alta en su escala de seguridad– que recomienda no viajar al estado, y, en caso de hacerlo, seguir estrictamente las mismas restricciones que el personal del gobierno estadounidense.
Las advertencias de Washington se han intensificado. Además del monitoreo diplomático, la DEA propuso al presidente Donald Trump emprender ataques militares selectivos contra objetivos del narcotráfico en México. Aunque el mandatario descartó por ahora esa posibilidad, afirmó que estaría “orgulloso de hacerlo si se necesita” y dejó claro su descontento con las acciones del gobierno mexicano frente al crimen organizado. “No estoy contento con México”, declaró el pasado lunes 17 de noviembre.
El Departamento de Estado ha reiterado que la presencia criminal en Michoacán representa una amenaza terrorista. En sus recomendaciones de viaje, advierte que la violencia en el estado incluye homicidios, secuestros, extorsión y enfrentamientos armados tanto con fuerzas del Estado como entre cárteles y grupos de autodefensa. Incluso ha establecido rutas específicas –como la carretera federal 15D– como únicas vías seguras para transitar por la región.
También ha precisado que los viajes a Lázaro Cárdenas deben realizarse exclusivamente por vía aérea y limitando las actividades a zonas portuarias y céntricas. Para Morelia, se recomienda utilizar las carreteras federales 43 o 48D y evitar salidas fuera de la capital. La alerta incluye también restricciones para visitar áreas naturales, como la Reserva de la Mariposa Monarca, si se encuentran en territorio michoacano. (Mas).
A la par, colectivos ciudadanos, como la llamada Generación Z, realizaron una marcha el pasado 15 de noviembre en Morelia, exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Manzo. A pesar de la creciente militarización y las estrategias reactivas, el avance del crimen organizado en Michoacán continúa mostrando los límites del actual modelo de seguridad en el país
