Las y los diputados federales del PRI cuestionaron la Ley General en Materia de Extorsión, al advertir que, en los términos actuales, abrirá la puerta a la liberación de 500 delincuentes peligrosos en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, en donde las penas actuales son más altas que las previstas en esta nueva ley.
Por ello, al inicio de la discusión en la Comisión de Justicia, el diputado Emilio Suárez Licona solicitó, a nombre de la bancada priista, que se lleven a cabo parlamentos abiertos y convocar a la sociedad, a los colegios de abogados y a las entidades federativas para tener una discusión más amplia y más profunda en la materia, pero Morena y aliados lo rechazaron.
Al posicionar, Alejandro Domínguez Domínguez puntualizó que si no se realizan cambios a la iniciativa, se agravará el problema de la inseguridad en el país, por lo que luego de anunciar el voto del PRI en abstención, llamó a la mayoría oficialista a corregir el texto.
De aprobarse en los términos propuestos, detalló, podrían salir libres entre 130 y 150 personas peligrosas sentenciadas por extorsión, tan solo en su estado, Chihuahua, lo que significaría más violencia y más víctimas en todo México.
El vicecoordinador parlamentario también destacó que el artículo 30 de la iniciativa repite disposiciones ya existentes en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, sin crear mecanismos nuevos ni recursos adicionales para salvaguardar a las víctimas.
“Es un copiar y pegar normativo que no aporta nada nuevo. No crea instrumentos reales ni mecanismos financieros que fortalezcan la seguridad. Así, la ley se convierte en un ejercicio de simulación”, subrayó.
El congresista lamentó que la propuesta de ley no defina plazos, etapas ni responsabilidades claras para la elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, lo que la convierte en una medida sin efectos reales. “Orden dada, no supervisada, se la lleva la chingada”, expresó, al señalar que la falta de seguimiento convierte cualquier norma en letra muerta y en una “mentira legislativa”.
Asimismo, advirtió que el dictamen contiene errores de técnica parlamentaria —como el uso inconsistente de términos jurídicos, la ausencia de reformas correlativas en otras leyes y redacciones ambiguas— que podrían generar confusión y arbitrariedad en su aplicación.
Previno que, por si fuera poco, la deficiente redacción de las agravantes podría permitir que incluso una protesta sindical o una manifestación laboral sea considerada extorsión, criminalizando el derecho a la libre expresión.
“Las prisas hacen cometer errores. No se cierren; déjense ayudar. Queremos fortalecer la seguridad de México, pero eso no se logra con leyes mal hechas ni con decisiones improvisadas. No tienen un cheque en blanco para poner en riesgo a los ciudadanos”, concluyeron Alejandro Domínguez, Emilio Suárez y Arturo Yáñez.
