PRI y PAN denuncian albazo de Morena por audiencias públicas para reformar ley de amparo sin reflexión verdadera
Los diputados federales Rubén Moreira Valdez, Emilio Suárez Licona, Jericó Abramo Masso y Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI; y Federico Döring Casar, Héctor Saúl Téllez, Israel Damián Retes y Daniel Chimal, del PAN, alertaron sobre la maniobra irregular de las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público que convocaron a audiencias públicas para el viernes 10, sábado 11 y lunes 13 de octubre, para de manera apresurada dar paso a modificar la Ley de Amparo, vulnerando acuerdos institucionales y debilitando derechos fundamentales.
En conferencia de prensa conjunta, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que, pese a que se había acordado diseñar los foros desde la Junta de Coordinación Política, los presidentes de dichas comisiones, imponen un proceso sin convocatoria abierta ni tiempo suficiente para que los participantes se preparen. “México vale más que un sabadazo legislativo”, subrayó.
Explicó que la maniobra evidencia falta de transparencia y seriedad, solo simulan hacer audiencias públicas. Las realizan a modo; reiteró, en la convocatoria publican un link de registro, pero en la realidad es otro, además que hubo acceso tardío.
El diputado Federico Döring Casar advirtió que la reforma a la Ley de Amparo representa “un albazo legislativo en contra de los ciudadanos”, al denunciar que Morena y sus “sicarios legislativos” pretenden imponer una visión de justicia autoritaria y a modo. Señaló que el amparo, una herramienta esencial para proteger a las y los mexicanos frente a los abusos del poder, está siendo atacado por quienes buscan eliminar cualquier contrapeso.
Asimismo, subrayó que en las mesas de trabajo de la reforma se está excluyendo deliberadamente a juristas, académicos y profesionales del derecho con experiencia probada, lo que convierte el proceso en una simulación. “Están cerrando la puerta a quienes podrían aportar una visión técnica y constitucional sólida, porque les estorba la verdad jurídica”, afirmó.
Los legisladores del PRI y PAN denunciaron que se alteró la Gaceta Parlamentaria para incluir de forma discreta la convocatoria a audiencias públicas en el anexo 5. “En la Comisión no se acordó más que realizar audiencias sujetas al formato que definiera la Junta. Lo demás es una simulación”, afirmaron.
Además, acusaron que al Canal del Congreso se le solicitó el testigo de video de la reunión de las comisiones unidad, pero les fue entregado material incompleto minutos antes de la conferencia de prensa.
Manifestaron que esta reforma a la Ley de Amparo, es terrorismo fiscal y todo se debe al gran boquete fiscal que la presidenta heredó del anterior sexenio. Morena enfatizaron, busca simular diálogo mientras impone decisiones ya tomadas.
Denunciaron que las presidencias de Hacienda y Justicia serán las que decidan, de manera subjetiva, quién puede participar y quién no, lo que demuestra la prisa y el autoritarismo con que Morena pretende consumar su “nuevo agandalle”. Esta reforma al amparo, dijeron, busca blindar al gobierno y proteger a los suyos.
Aclararon que los cambios propuestos en materia de créditos fiscales son un golpe directo a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya este esquema puede mantener a las empresas en litigios durante meses o años, con consecuencias económicas devastadoras. “Lo que Morena llama justicia fiscal, en realidad es asfixia económica”, sostuvieron.
Por ello, alertaron que esta reforma dejará en estado de indefensión a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada. “Están desmantelando una de las herramientas más importantes para proteger los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Esta no es una reforma jurídica, es una estrategia recaudatoria y política para callar las voces que incomodan al poder”, sostuvieron Rubén Moreira, Federico Döring, Emilio Suárez, Jericó Abramo, Arturo Yáñez, Héctor Saúl Téllez, Damián Retes y Daniel Chimal.
Los legisladores del PRI y PAN exigieron que se suspendan las audiencias ilegítimas y se abra un proceso serio, plural y profundo, con la participación de los mejores constitucionalistas del país.
