En 2023, Del Ángel Zúñiga había dejado su cargo como subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, después del acuerdo al que llegaron la Semar y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para devolver a los civiles las tareas aduaneras, que hasta entonces estaban en manos de la Marina. Una disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador tras determinar que los funcionarios civiles estaban coludidos con el crimen organizado. López Obrador había dicho en noviembre de 2022 que la Marina había sido de “gran ayuda” en Manzanillo, porque el cambio se estaba traduciendo en “más seguridad, menos contrabando y más decomisos de drogas, sobe todo de fentanilo y drogas químicas”. Aunque después, para sorpresa de muchos, la Marina y Aduanas pactarían la vuelta de funcionarios civiles a puestos de mando en estos lugares de entrada de mercancías.
Al lugar que dejó vacante Del Ángel Zúñiga en Manzanillo en mayo de 2023, llegó Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias que, después de estar solo dos semanas en el cargo, fue asesinado por un comando armado, al salir de un restaurante de la ciudad portuaria.
La cadena de nombres de altos funcionarios aduaneros, empresarios y miembros de la Semar implicados en una gran estructura para el contrabando de combustible —huachicol— saltó finalmente a los reflectores el pasado sábado, con el arresto de 14 marinos, funcionarios y empresarios que supuestamente han participado en el delito, que ordeña millones de dólares anuales de las arcas nacionales y que colabora muy de cerca con el crimen organizado para poder operar.
Uno de los detenidos clave de esa trama fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Semar entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano a López Obrador, y quien ha sido vinculado a un proceso judicial este martes.
El caso del fallecimiento del capitán Del Ángel Zúñiga, cuya explicación se ha limitado a informar que se trató de una muerte “accidental” en la práctica de tiro de este martes, se suma a la de Pérez Ramírez, quien fue encontrado muerto en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas, la tarde del lunes. Su nombre fue mencionado por un testigo protegido, el exdirector de Aduanas de Tampico, que aseguraba que había cobrado 100.000 pesos para dejar pasar cargamentos de contrabando.
Cuestionada sobre el supuesto suicidio de Pérez Ramírez, y la ola de especulaciones que rodea su muerte en medio del escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes: “No hay certeza de que el [marino] estuviera involucrado en este proceso”.
En un espaldarazo institucional a la Semar, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reiteró también este martes “que el actuar de unos cuantos no representa actuar de la institución”.
El Fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, continuó en ese tono: “Ese es un hecho [la muerte de Pérez Ramírez] que no es un delito federal, es una situación de orden personal, a la que debemos tener un gran respeto; pero debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando”, dijo. (El País).
