“En cumpliendo a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, mencionan los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali en un video conjunto subido a redes sociales.
Los comunicadores acataron la resolución luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara la sentencia del TEEC. El texto, dictado por la autoridad, incluyó el reconocimiento de que sus comentarios fueron “estereotipados” y constituyeron violencia digital y mediática contra Sansores.
Abraham Martínez explicó que apelaron la decisión, pero la confirmación federal los obligó a cumplir. Añadió que enfrenta cinco denuncias adicionales por daño moral, violencia política de género y difamación, todas promovidas por autoridades estatales.
Esta medida se suma a un patrón de acciones judiciales contra medios críticos en Campeche. En otro caso, el periódico Tribuna y el periodista Jorge González Valdez recibieron la orden de no referirse a la gobernadora en sus publicaciones. Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado designó un censor judicial para revisar previamente su contenido antes de ser difundido.
Poco después, González, exdirector de Tribuna, recuperó sus derechos para ejercer el periodismo, luego de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Distrito afirmara que la resolución de una jueza de control violaba el derecho a libertad de expresión.
Sin embargo, el 31 de julio, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez declaró improcedente un recurso de revocación promovido por el medio Tribuna en Campeche, ordenando que entregue los datos de su community manager para que un “revisor” del Poder Judicial supervise sus publicaciones, bajo advertencia de multa.
El 4 de agosto, la organización ARTÍCULO 19 señaló que no existe precedente en México donde el Poder Judicial se coloque como árbitro sobre qué se puede publicar, calificando la medida como censura previa contraria a los artículos 6º y 7º constitucionales y a estándares internacionales.
La organización también denunció que los procesos judiciales contra el periodista Jorge Luis González, quien fue denunciado por “incitación al odio”, y el medio responden a un patrón de acoso impulsado por el gobierno estatal, evidenciado en el programa oficial Martes del Jaguar, donde la gobernadora Layda Sansores ha desacreditado medios, adelantado decisiones judiciales y anunciado medidas para frenar publicaciones sin debido proceso.
ARTÍCULO 19 advirtió que las medidas cautelares impuestas, incluida la prohibición de publicar durante dos años, constituyen una extralimitación del Poder Judicial y una regresión en materia de derechos humanos, al instrumentalizar figuras legales diseñadas para combatir delitos graves con el fin de limitar la libertad de expresión. La organización subrayó que estas acciones vulneran no solo los derechos de los periodistas, sino también el de la ciudadanía a recibir información, y que la prohibición absoluta del ejercicio periodístico es propia de regímenes autoritarios.
(emeequis).
