La medida, que ha generado inquietud dentro y fuera del gobierno estadounidense, representa un viraje radical en la estrategia antidrogas de Washington y anticipa una política exterior mucho más agresiva de Trump.
En abril de 2025, Donald Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permitir que el ejército estadounidense operara en suelo mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. La respuesta de la mandataria fue un rotundo no.
Este viernes, en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo estar dispuesta a la cooperación en materia de seguridad, pero rechazó que haya riesgo de que fuerzas estadounidenses ingresen a territorio mexicano. “No está permitido, se lo he dicho (a Trump) varias veces”, enfatizó.
UNA ORDEN SIN PRECEDENTES
La directiva, según fuentes familiarizadas con el tema, abre la puerta a operaciones militares más allá de las fronteras de Estados Unidos, tanto en mar como en tierra, contra grupos criminales acusados de traficar fentanilo y otras drogas sintéticas.
Dentro del Departamento de Defensa, ya se analizan escenarios de intervención. Aunque no se ha hecho pública, la orden ha impulsado el diseño de operativos encubiertos que —por su complejidad legal y alto riesgo diplomático— se mantienen bajo total reserva.
ZONAS GRISES LEGALES Y RECHAZO REGIONAL
La ofensiva plantea preguntas fundamentales sobre la legalidad de emplear fuerza letal contra civiles fuera de un conflicto armado declarado, y sin autorización del Congreso estadounidense. Aunque designar a un grupo como terrorista permite imponer sanciones financieras y restricciones migratorias, no otorga por sí mismo luz verde para una intervención militar.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado su retórica. Firmó una orden para que el Departamento de Estado clasifique a varios cárteles —incluidos el Tren de Aragua y la MS-13— como organizaciones terroristas. Semanas después, se añadió a la lista el Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.
Ya en su primer mandato, Trump propuso bombardear laboratorios de drogas en México, una sugerencia que entonces fue descartada por su secretario de Defensa, Mark Esper, quien la calificó de absurda. Pero ahora, esa idea ha evolucionado en una promesa de campaña convertida en política pública: una “guerra” contra los cárteles, con tropas de élite y buques de guerra desplegados fuera del país.
TROPAS SIN REGLAS CLARAS
Aún no está claro bajo qué reglas de enfrentamiento operarían los militares. ¿Podrían disparar sin aviso? ¿Estarían autorizados a realizar ejecuciones selectivas? ¿Qué pasaría con los detenidos?
En febrero, el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó a los principales asesores jurídicos del Pentágono y los reemplazó con funcionarios alineados con la nueva estrategia. Sus interpretaciones legales serán decisivas para definir los límites —o la ausencia de ellos— en esta cruzada militar.
¿UNA LÍNEA ROJA?
Desde la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, Estados Unidos ha evitado usar tropas en América Latina para combatir el narcotráfico, limitándose a tareas de apoyo, inteligencia o interdicción marítima. Esa política, respaldada por acuerdos internacionales y normas diplomáticas, podría romperse con la nueva directiva.
El uso unilateral de la fuerza en otro país sin consentimiento es una violación del derecho internacional, recuerda la ONU. Para América Latina, el precedente es alarmante.
En palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly: “La prioridad número uno del presidente Trump es proteger a la nación. Por eso tomó el audaz paso de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas”.
Mientras tanto, el Pentágono ha guardado silencio.
(emeequis).
