La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, generó burlas e indignación tras sus declaraciones sobre la causa de muerte de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista que fue asesinada en el municipio de Álamo Temapache.
El caso tomó notoriedad luego de que la víctima fuera secuestrada y obligada a grabar un video en el que advertía sobre las consecuencias de no pagar extorsiones al crimen organizado. Las declaraciones de Nahle provocaron críticas de figuras políticas, activistas y usuarios en redes sociales.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reaccionó a las palabras de la gobernadora mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter. En ella, compartió una imagen en la que se leía: “Cristo murió por un paro cardiovascular y respiratorio, nada tuvieron que ver los fariseos y romanos”, frase atribuida irónicamente a Rocío Nahle, en referencia a su explicación sobre el fallecimiento de Irma Hernández. La publicación fue interpretada como una crítica directa al intento de la mandataria estatal por deslindar a los agresores del asesinato.
El señalamiento del exmandatario se sumó a la inconformidad manifestada por colectivos feministas y otros actores sociales, quienes consideraron que las declaraciones de Nahle buscaban minimizar el contexto de violencia en el que ocurrió la muerte de la maestra. Activistas han insistido en que la explicación oficial sobre un infarto no desdibuja el entorno de violencia que derivó en el fallecimiento de Irma Hernández.
La gobernadora Rocío Nahle respondió el 28 de julio a las críticas en su contra. En una declaración pública, expresó: “Es de miserables, a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. La maestra fue violentada, eso lo dije. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste (…) A la maestra ya la sepultaron, es lamentable. Yo vi en redes a generadores de odio nacionales, con groserías directas hacia mi persona, con groserías de un nivel que no les puedo decir. Generadores de odio porque se dio un reporte de la necropsia”.
El pronunciamiento de la mandataria fue acompañado por la presencia del médico responsable de la necropsia, aunque no se presentaron públicamente mayores detalles del informe médico. La gobernadora reiteró que sí reconoció la existencia de violencia hacia Irma Hernández, pero sostuvo que la causa última del fallecimiento fue un infarto.
Diversas colectivas feministas reiteraron que la explicación ofrecida por Rocío Nahle no modifica el contexto de agresión al que fue sometida la víctima. Las agrupaciones insistieron en que la violencia previa y el secuestro deben ser considerados como causas determinantes en la muerte de la maestra, independientemente del diagnóstico médico final.
La indignación expresada en redes sociales fue amplificada por figuras públicas y medios de comunicación. Usuarios cuestionaron si las declaraciones de la mandataria estatal no representan un intento por disminuir la responsabilidad del crimen organizado en el hecho, considerando la violencia sistemática en la región y el historial de amenazas que enfrentan trabajadores del sector transporte en zonas controladas por células delictivas.
El caso de Irma Hernández, así como la respuesta oficial por parte del gobierno de Veracruz, se ha convertido en un nuevo foco de debate sobre la manera en que autoridades estatales abordan casos de violencia con presunta participación de grupos criminales. Hasta ahora, no se han reportado detenciones en relación con el asesinato de la maestra.
Las críticas hacia Rocío Nahle se suman a un entorno de tensión en Veracruz en torno a la violencia de género, la presencia del crimen organizado y la actuación de las autoridades. Organismos de derechos humanos han señalado que en múltiples ocasiones las versiones oficiales sobre crímenes violentos no han derivado en justicia efectiva para las víctimas ni en procesos penales contra los responsables materiales o intelectuales.
El asesinato de Irma Hernández y las reacciones posteriores reflejan una brecha entre las explicaciones oficiales y las percepciones sociales sobre impunidad y falta de sensibilidad institucional. El debate continúa abierto entre quienes exigen una postura más firme por parte del gobierno estatal y aquellos que acusan una instrumentalización política del caso. (Mas).
