El Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas que otorgan amplias facultades al gobierno federal para acceder a los datos personales y biométricos de la población, en un proceso legislativo que duró nueve días, entre el 23 de junio y el 2 de julio. Las reformas se justificaron como parte de un esfuerzo para enfrentar la crisis de desapariciones y mejorar la seguridad, pero organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos que representan para la privacidad.
Las modificaciones legales aprobadas abarcan temas de población, seguridad, inteligencia, desapariciones, telecomunicaciones y funciones de la Guardia Nacional. Todas comparten como característica central la habilitación de instituciones civiles y militares para acceder a registros personales en poder de empresas privadas o dependencias públicas. Las dependencias con nuevas atribuciones incluyen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, fiscalías y comisiones de atención a víctimas.
Organizaciones civiles como R3D calificaron las reformas como un sistema de vigilancia sin controles, ya que, en la mayoría de los casos, no será necesario contar con la autorización de un juez para acceder a las bases de datos. Las reformas fueron aprobadas por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde; en algunos casos contaron con el apoyo del PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI votó en contra de todas.
Entre las leyes más relevantes se encuentra la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero. Esta ley otorga al CNI la coordinación de la Plataforma Central de Inteligencia, en la que se interconectarán los registros de instituciones públicas y, de forma temporal o permanente, los de empresas con datos útiles para investigaciones.
El artículo 12 de dicha ley especifica que los registros a los que se tendrá acceso incluyen información fiscal, telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria y de salud. Los productos de inteligencia podrán ser utilizados para perseguir delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión y desaparición de personas, además de la prevención de delitos en general.
En paralelo, se aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que la militariza por completo. La Guardia ahora cuenta con estructura y funcionamiento similares al del Ejército y se incorpora al Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Esta institución podrá realizar labores de investigación e inteligencia, solicitar registros telefónicos y geolocalizaciones en tiempo real, e intervenir comunicaciones privadas con autorización judicial.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estipula en su artículo 21 que la Sedena podrá operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia.
Durante el debate legislativo, se advirtieron posibles conflictos de funciones entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, dado que ambas cuentan con atribuciones similares.
En materia digital, se aprobó la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, que establece el uso de la Llave MX como herramienta de autenticación para trámites en línea. Esta estará asociada al CURP del titular, documento que ahora deberá contener huellas dactilares y fotografía, según la reforma a la Ley General de Población. Este CURP se considerará como documento nacional de identificación oficial en su formato digital.
La reforma en telecomunicaciones mantuvo disposiciones como la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, la cual requerirá autorización judicial según el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se estableció que sólo tendrán servicio móvil aquellas líneas cuyos titulares se identifiquen mediante CURP, y las que no cumplan serán suspendidas. La nueva ley ordena a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitir lineamientos en 120 días; de no hacerlo, se procederá a suspender las líneas no registradas.
En relación con las desapariciones, se modificó la Ley General de Población para que los datos biométricos se integren al CURP y se usen en cualquier validación digital de identidad. Las autoridades y empresas que posean esta información deberán permitir su consulta inmediata por parte del CNI y otras instituciones de seguridad.
Finalmente, la reforma en materia antilavado creó la figura de Persona Políticamente Expuesta (PPE), que incluye a funcionarios públicos y personas cercanas a ellos. La Secretaría de Hacienda deberá identificar y monitorear sus operaciones, y podrá requerir información financiera sin orden judicial. Dependencias de los tres niveles de gobierno estarán obligadas a enviar listados de PPE a Hacienda. (Mas).
