Si bien el combate a la corrupción constituye una prioridad de todo gobierno, lo que sigue es dar plena autenticidad a esa batalla para superar la herencia ancestral de simulación, y consolidar entes fiscalizadores que sean eficaces para detectarla a tiempo, afirmó el Gobernador Arturo Núñez Jiménez.
La lucha anticorrupción no sólo es un trámite burocrático, es una tarea esencial para relegitimar toda nuestra vida institucional y el régimen democrático, acentuó.
Sentenció que nunca más las auditorías deben ser autopsias de lo que ya pasó y es irremediable, porque luego –advirtió- los procedimientos para recuperar los recursos perdidos llevan muchísimo tiempo o sencillamente nunca se llegan a concretar.
Con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio de la Vega Asmitia, el jefe del Ejecutivo atestiguó la firma del convenio marco entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y la Secretaría de Contraloría (Secotab), del que derivarán instrumentos de coordinación para ampliar la cobertura en sus tareas de inspección sin caer en duplicidades.
Núñez Jiménez subrayó que esta cooperación contribuirá ampliamente a fortalecer la participación de ambos organismos en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.
Señaló que con el diseño de un nuevo entramado legal, Tabasco ha avanzado en el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, con el fin de ajustar el ejercicio del poder (en todas las fases del procedimiento administrativo) a las nuevas exigencias de la sociedad.
Aseveró que la corrupción es un cáncer que corroe a las instituciones y tiende a generar la percepción de que todos son iguales, por lo que “todo lo que se haga para combatirla y extirparla será en bien de la legitimidad del sistema político y de su reproducción y funcionamiento”.
En el evento efectuado en el auditorio del Campus Bicentenario de la UJAT, donde entregó constancias a la cuarta generación del Diplomado de Contabilidad Gubernamental, cursado por 531 servidores públicos de 81 entes de la administración estatal, federal y municipal, enfatizó que la calidad de la democracia se mide hoy por la calidad de los mecanismos de ejercicio y control.
Asimismo, exhortó a la comunidad dedicada a las tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, evaluación de desempeño, gestión de resultados, fiscalización y auditoría, a hacer bien su trabajo porque es esencial para la legitimidad del régimen democrático.
Defender la democracia implica no sólo que haya elecciones auténticas y libres, así como autoridades imparciales, sino que existan también desempeños gubernamentales eficientes y honorables, concluyó.
