La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal temporal de más de 500 mil migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una decisión que, aunque provisional, podría tener un impacto inmediato en miles de familias.
Con cinco votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal accedió a una solicitud del gobierno para levantar una orden judicial que impedía cancelar el permiso conocido como parole humanitario, implementado durante la administración del expresidente Joe Biden bajo el programa CHNV.
Esta medida, en vigor desde octubre de 2022 para venezolanos, y ampliada en enero de 2023 a ciudadanos de Haití, Cuba y Nicaragua, permitía la entrada y estancia temporal en el país a quienes pasaran filtros de seguridad, tuvieran un patrocinador con respaldo económico y cumplieran con requisitos sanitarios.
La decisión de la Corte no resuelve el fondo del caso, el cual permanece pendiente en una corte de apelaciones, pero permite al gobierno tomar medidas inmediatas que afecten el estatus legal de los beneficiarios del programa.
Las magistradas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra y expresaron su preocupación por las “consecuencias devastadoras” de esta decisión. En su opinión disidentes advirtieron que se pone en riesgo “la vida y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.
La jueza de Boston Indira Talwani, cuya orden ahora ha sido suspendida, había argumentado que el gobierno interpretaba de forma errónea la legislación migratoria al aplicar procesos de expulsión rápida (expedited removal) a personas que habían ingresado legalmente mediante el programa CHNV.
Para los migrantes afectados, las consecuencias legales y humanas son inmediatas. De acuerdo con lo planteado en la opinión disidente, los beneficiarios del parole enfrentan dos caminos: abandonar el país y arriesgar su seguridad en contextos de violencia y precariedad, o permanecer en Estados Unidos y quedar expuestos a procesos de deportación inminente.
El gobierno de Trump ha endurecido su postura hacia la inmigración desde el inicio de su mandato. Entre sus acciones más polémicas se encuentra la invocación de leyes del siglo XVIII, pensadas para situaciones de guerra, con el fin de justificar deportaciones inmediatas, como ocurrió en el caso de presuntos pandilleros venezolanos enviados a El Salvador.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles operativos sobre cómo y cuándo comenzarán las revocaciones del parole, ni sobre si se otorgarán recursos legales individuales.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado al Congreso y a las cortes de apelación tomar cartas en el asunto para evitar una crisis humanitaria derivada de esta decisión. Mientras tanto, los migrantes permanecen en un estado de incertidumbre legal, sin claridad sobre su futuro inmediato en territorio estadounidense. (Mas).
