«Esta política pública requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque. Debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en EU. No basta con detener la oleada de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen en nuestro País», dice el memorando.
«En cambio, debemos aprovechar los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a los fiscales federales de todo el País para que trabajen urgentemente con el Departamento de Seguridad Interna y otras partes del Gobierno hacia el objetivo de eliminar estas amenazas a la soberanía de EU».
«Para los líderes y gerentes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, se incluirán los delitos más graves y fácilmente demostrables según la política general de imputación del Departamento, típicamente delitos capitales, cargos por terrorismo, por extorsión y de empresa criminal continua», dice.
Actualmente, el Departamento de Estado está analizando la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump sobre cuáles de los cárteles del narcotráfico mexicano deben ser designados Organizaciones Terroristas Extranjeras; en los próximos días, dicha dependencia deberá hacer una recomendación al mandatario.
En un memorando por separado, la Fiscal Bondi revivió la consideración de la pena de muerte como potencial sentencia que los fiscales federales deben buscar en casos federales que lo ameriten; desde 2021, la Administración Biden había emitido una moratoria a la pena de muerte para el fuero federal.
En un giro relevante, el memorando establece también que la unidad del Departamento de Justicia encargada de casos de investigar casos de corrupción en el extranjero deben dar prioridad a aquellos casos en los que exista una conexión con delitos por drogas o de conexión con los cárteles de la droga. (Reforma).
