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Se duplica desaparición de niños en Chiapas

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La desaparición de niños, adolescentes y jóvenes en Chiapas se ha duplicado en el último año, dejando una marca de dolor e incertidumbre en decenas de familias.

El caso de Cassandra, una joven de 19 años secuestrada a la fuerza durante la boda de su madre en el municipio de Berriozabal, es solo uno de los múltiples testimonios de esta creciente tragedia en el estado, donde la violencia de los cárteles y la falta de respuestas oficiales han exacerbado el problema de personas desaparecidas.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas indican que, entre enero y octubre de este año, se han registrado 663 denuncias por desapariciones de menores y jóvenes en Chiapas, de las cuales 208 casos siguen sin resolverse. Aunque el número total de denuncias es ligeramente inferior al del año pasado, el incremento en el número de casos que permanecen abiertos es alarmante: mientras que para el mismo periodo de 2023 había 109 denuncias vigentes, en 2024 la cifra casi se duplicó, alcanzando 208.

La desaparición de Cassandra ocurrió en diciembre de 2022, durante la celebración de bodas de su madre, Isabel Torres. La fiesta fue interrumpida por sujetos armados y encapuchados que se presentaron como agentes de la Fiscalía y obligaron a los hombres presentes a tirarse al suelo. En el caos, cuatro personas fueron secuestradas, entre ellas Cassandra y su pareja. Isabel, en medio de la desesperación, intentó seguir a los secuestradores, sin saber que aquella noche marcaría el inicio de una larga búsqueda. Hasta el día de hoy, Isabel no ha tenido noticias de su hija y ha enfrentado amenazas de muerte por insistir en su búsqueda.

La situación en Chiapas ha empeorado en los últimos dos años, en paralelo al incremento de la violencia entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control territorial en la franja fronteriza con Guatemala. Tan solo en 2024, los homicidios en el estado han aumentado en un 50 por ciento respecto al año pasado, alcanzando los 525 asesinatos entre enero y septiembre, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Esta crisis de violencia ha llevado al colectivo Madres en Resistencia, fundado por Adriana Gómez tras el asesinato de su hija en 2020, a expandir su apoyo a los familiares de desaparecidos. Gómez denuncia que muchos jóvenes en Chiapas están siendo secuestrados en operativos que siguen un mismo patrón: hombres armados y encapuchados llegan en camionetas blancas sin insignias, retiran a los jóvenes de sus casas o lugares públicos y desaparecen sin dejar rastro. Según el colectivo, la falta de acción y la aparente connivencia de las autoridades locales son obstáculos adicionales en la búsqueda de justicia.

La ineficiencia de la Fiscalía ha llevado a que muchas madres de desaparecidos consideren pedir directamente al crimen organizado el permiso para buscar a sus seres queridos en territorios controlados por los cárteles. Ante la falta de respuestas oficiales, las familias solicitan acceso para llevar a cabo sus propias búsquedas en lugares de alto riesgo y dar sepultura digna a sus familiares, en caso de que hayan sido asesinados. Adriana Gómez lamenta que esta opción extrema sea una realidad para las madres de desaparecidos en Chiapas, donde la violencia ha convertido al estado en un lugar sin ley.

Para Isabel, cuya hija Cassandra permanece desaparecida, la vida nunca volvió a ser la misma. La boda que debía marcar un nuevo inicio se convirtió en el punto de partida de una tragedia personal y familiar. “Para mí ya no es el día en que me casé, sino el día en que mi hija desapareció y no la he vuelto a ver. Fue el peor día de mi vida”, expresa Isabel, que aún sostiene la esperanza de que su hija siga viva.

La situación de desapariciones en Chiapas refleja una crisis de seguridad y una falta de respuestas de las autoridades que ha puesto a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad. La duplicación de casos sin resolver en el último año evidencia la incapacidad institucional para responder a esta emergencia, dejando a las familias de los desaparecidos en la indefensión y sin alternativas para hallar justicia. (Más / IA).