En el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum, la administración ha sido marcada por una creciente ola de violencia y un alarmante aumento en la letalidad de los enfrentamientos entre civiles y las Fuerzas Armadas. A pesar de que la presidenta ha asegurado que se han reducido los delitos y homicidios, las cifras y los hechos de violencia en entidades como Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas cuentan otra historia.
Según datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mes de octubre de 2024 registró 2,293 homicidios dolosos, superando la cifra del mismo periodo en 2023. Además, la violencia se extendió por distintas zonas del país, con incidentes de alto impacto que incluyen el asesinato de dos periodistas, múltiples enfrentamientos armados y abusos por parte de elementos de seguridad.
El inicio del sexenio se vio empañado por el asesinato de seis migrantes originarios de Perú, Egipto y Honduras, quienes fueron baleados por elementos del Ejército en Chiapas el 1 de octubre. El incidente ocurrió cuando el Ejército confundió el vehículo en el que viajaban los migrantes con unidades empleadas por grupos criminales en la zona. En otro incidente, dos civiles, incluidos una menor y un joven de 18 años, murieron en Tamaulipas tras tiroteos con la Guardia Nacional y el Ejército, actos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones, aunque sin contacto con las familias de las víctimas.
La violencia en Sinaloa, que comenzó con la captura de Ismael Zambada, ‘El Mayo’, en julio pasado, sigue extendiéndose por la entidad, dejando un saldo de al menos 324 asesinatos y 211 personas desaparecidas. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum envió refuerzos militares a la zona y reiteró su apoyo al gobernador Rubén Rocha, pero los enfrentamientos persisten. En Mazatlán, balaceras recientes y operativos militares que han dejado 33 muertos evidencian la gravedad de la situación.
Uno de los operativos en Sinaloa resultó en la detención de Edwin Antonio, alias ‘El Max’, y la muerte de 19 civiles armados. La cifra de presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con el Ejército alcanzó 254 en lo que va del año, un nivel de letalidad no visto desde 2014, mientras el conflicto también se intensificó en otros estados, como Guerrero, donde al menos 14 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento en Tecpan.
El asesinato de dos periodistas en un lapso de 24 horas es otro doloroso recordatorio de los riesgos que enfrenta el gremio en el país. Mauricio Cruz Solís, de 25 años, fue asesinado el 29 de octubre en Uruapan, Michoacán, tras una entrevista con el alcalde local, mientras que al día siguiente fue asesinada Patricia Ramírez, conocida como ‘Paty Bunbury’, en un establecimiento de comida en Colima. Sheinbaum prometió la reactivación de un grupo de atención a la violencia contra periodistas y aseguró que se tomarán medidas para evitar la impunidad en estos casos.
Expertos en seguridad, como Humberto Guerrero de Fundar y Javier Oliva Posada, han señalado que la nueva administración continúa con la estrategia de militarización que heredó del gobierno anterior. Este enfoque, argumentan, tiende a minimizar el problema de inseguridad y a responder de manera reactiva en lugar de fortalecer las instituciones locales de justicia y prevención del delito. Oliva Posada destacó la necesidad de un mayor involucramiento de las instituciones locales para lograr resultados duraderos y mejorar la respuesta a la inseguridad.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, criticó la falta de atención de la presidenta hacia las familias de las víctimas y la insuficiente atención psicológica que han recibido. Ramos subrayó la importancia de un diálogo entre el gobierno federal, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas para evitar abusos y mejorar la respuesta a la violencia que vive el país.
Apenas a un mes de haber iniciado su gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta la necesidad de definir una estrategia de seguridad que evite la continuidad de esta crisis de violencia y respalde una mayor protección de los derechos humanos en un contexto de seguridad cada vez más complejo y letal. (Más / IA).
