Claudia Sheinbaum anunció la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Diconsa para dar paso a las Tiendas del Bienestar. Esto suena similar a lo que pasó con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI): desaparecer dependencias sin rendir cuentas del dinero público gastado ni las afectaciones ocasionadas.
Pero en este caso, la magnitud del escándalo es aún mayor. Más de 14 mil millones de pesos en irregularidades siguen sin ser aclarados. El gobierno sólo ha reconocido la mitad del desfalco total de Segalmex, dejando en la sombra el destino del resto de los recursos.
Y, al igual que con la extinción del INSABI, el anuncio de una nueva dependencia es un reconocimiento implícito del fracaso. Con INSABI, el fracaso fue en un tema sensible: la salud de los mexicanos. Con Segalmex y Diconsa, estamos hablando del derecho a la alimentación.
Segalmex es una dependencia nueva, creada por este gobierno. Su objetivo es contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país, además de implementar programas como Precios de Garantía y Fertilizantes. También se encarga de Liconsa, para la distribución de leche, y Diconsa, para el abastecimiento de productos básicos.
Esta dependencia es un sucesor espiritual de la antigua Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Y desde el principio, había señales de alerta sobre posibles actos de corrupción en Segalmex, especialmente con la designación de su primer titular: Ignacio Ovalle.
Ovalle, quien fue director de Conasupo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, ya tenía un historial de corrupción. Su gestión fue tan polémica como la de Raúl Salinas al frente de Diconsa. Después, Ovalle fue diputado federal por el PRI de 1994 a 1997, y se le recuerda por votar a favor de incrementar el IVA del 10% al 15%, una medida que fue duramente criticada, incluso por López Obrador.
Con estos antecedentes, ¿realmente sorprende lo ocurrido en Segalmex?
Monto total por aclarar reportado por auditoría por cada año
Los primeros indicios de corrupción aparecieron con la publicación del informe de la Cuenta Pública 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sólo en ese año, se detectaron más de 4 mil 169 millones de pesos en irregularidades en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Entre estas irregularidades se encontraron compras fantasma, contratos con empresas sin empleados, y productos faltantes o echados a perder.
Esta cantidad es impactante porque representa la mitad del dinero que Segalmex gastó en 2019. ¿Cómo es posible que Ovalle no fuera separado del cargo e investigado?
El presidente ignoró estos problemas y protegió a Ovalle, igual que los diputados de Morena, PT y PVEM. Una de las principales responsabilidades de la Cámara de Diputados es revisar el gasto público, pero la mayoría oficialista aprobó la Cuenta Pública 2019 sin hacer ningún cuestionamiento sobre Segalmex ni la gestión de Ignacio Ovalle.
En la Cuenta Pública 2020, las irregularidades sumaron otros 8 mil 637 millones de pesos, con los mismos problemas de 2019, pero añadiendo nuevos como la compra ilegal de acciones bursátiles. Dicha cifra representa ocho de cada 10 pesos del presupuesto de Segalmex. Aun así, la mayoría en la Cámara de Diputados no consideró esto un escándalo.
Si sumamos las anomalías detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2021 y 2022, el saqueo en Segalmex, Diconsa y Liconsa supera los 20 mil millones de pesos en cuatro años. Sin embargo, en la conferencia matutina del 5 de septiembre, el gobierno de López Obrador sólo reconoció 9 mil 500 millones de pesos en irregularidades. ¿Y qué pasó con la otra mitad, con los 10 mil millones de pesos restantes?
Monto total de recursos por aclarar en cada auditoría realizada por la ASF
Según información obtenida del INAI, la FGR ha recibido 45 denuncias por este caso y ha vinculado a proceso a 25 personas. La Secretaría de la Función Pública presentó 8 denuncias y ha recuperado poco más de 27 millones 770 mil pesos, es decir, apenas el 0.13% de los recursos desviados.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación no ha reportado denuncias presentadas ni montos recuperados. Aunque de acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, Segalmex sólo ha justificado 1,443 millones de pesos, Diconsa 4 mil 069 millones de pesos, y Liconsa 200.4 millones de pesos. En total, aún faltan alrededor de 14 mil millones de pesos por aclarar o recuperar.
Monto recuperado por la Secretaría de la Función Pública
Ignacio Ovalle fue destituido a principios de 2022, pero sin ser investigado. En lugar de enfrentar consecuencias, fue premiado con la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. El Presidente lo defendió diciendo que Ovalle fue engañado por “priistas de malas mañas”.
La desaparición de Segalmex y la creación de nuevas dependencias no resuelven el problema, solo lo esconden bajo una nueva fachada. Mientras se siga premiando a los responsables en lugar de castigarlos, la corrupción no sólo continuará, sino que se fortalecerá.
Los más de 14 mil millones de pesos por aclarar son más que una cifra: representan escuelas que no se construyeron, hospitales sin medicamentos y millones de mexicanos que siguen en la pobreza. No hay combate a la corrupción si no hay consecuencias reales para quienes roban al país.
Además hay muchas preguntas en el aire: ¿se seguirán investigando los 14 mil millones de pesos que faltan por aclarar? ¿Habrá consecuencias reales para los responsables? Y, sobre todo, ¿qué candados se aplicarán para no repetir los mismos errores en Tiendas del Bienestar y cualquier otro programa?
Hasta que no haya respuestas claras y acciones concretas, esta medida parece más un intento de esconder el problema bajo una nueva fachada que una verdadera solución. Si el combate a la corrupción es una prioridad, el gobierno debe demostrarlo con hechos.
(Emeequis).
