Como resultado de una solicitud de arbitraje internacional que se presentó todavía en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa de rescate de tesoros submarinos, Odyssey Marine Exploration, ganó al Gobierno de México una indemnización millonaria, por la doble negativa de la SEMARNAT, de otorgar la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, para el proyecto de minería submarina «Don Diego», en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
De acuerdo con la firma estadounidense con sede en Tampa, Florida, después de cuatro años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó la resolución del laudo arbitral que ordena a México pagar 37.1 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones en el marco del capítulo 11 del TLCAN, más intereses anuales a tasa de bonos del Tesoro de México, (cercano al 10 por ciento), a partir del 12 de octubre de 2018, hasta que la indemnización se pague en su totalidad.
Además, el CIADI instruyó al gobierno mexicano a cubrir los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del proceso que comenzó el 4 de septiembre de 2020, luego de que Odyssey Marine Exploration reclamó un bloqueo al proyecto de minería submarina «Don Diego», al considerar que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, así como una expropiación por la vía de hechos de la concesión minera que en su momento le otorgó la Secretaría de Economía.
La empresa que pretendía el pago de daños y perjuicios por un monto de poco más de dos mil 300 millones de dólares, incluyendo intereses desde abril de 2016, tenía la intención de dragar el fondo marino de la región conocida como el Golfo de Ulloa en la costa del Pacífico Norte, para extraer fosfato, una especie de chapopote, que es una codiciada materia prima para fabricar fertilizantes.
La primera negativa de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para «Don Diego» llegó en abril de 2016, y la segunda en octubre de 2018, después de que Odyssey Marine Exploration impugnó el primer resolutivo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA), que ordenó al Gobierno de México, reponer el proceso de evaluación, que al final arrojó el mismo resultado en contra.
El principal argumento de México para no autorizar el proyecto fue la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, especies marinas protegidas como las ballenas y tortugas caguama, así como impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón, lenguado, curvina, mero y garropa.
«Odyssey inició el arbitraje del TLCAN después de la negación manifiesta, arbitraria y discriminatoria por parte de SEMARNAT, de un permiso ambiental basado no en las regulaciones de México o en el apoyo científico, sino en la directiva de un político.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictaminó por unanimidad a favor de Odyssey en 2018 que SEMARNAT había rechazado ilegalmente el permiso ambiental en 2016. Cuando SEMARNAT negó una vez más el permiso en contravención de las leyes mexicanas e internacionales públicas, Odyssey determinó que necesitaba iniciar el arbitraje para proteger la inversión de sus accionistas.
El fallo de hoy refleja la negativa ilegal del permiso por parte de SEMARNAT. Odyssey también está impugnando una vez más la decisión ilegal de SEMARNAT ante la TFJFA», agregó Mark Gordon.
Al respecto, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, subrayó que esta decisión de arbitraje internacional es sumamente preocupante, porque la SEMARNAT rechazó con razón la evaluación de impacto ambiental del proyecto de minería submarina «Don Diego», debido a la falta de información y al daño potencial a especies en riesgo como las ballenas y las tortugas marinas.
Impactos
En su momento, Jorge Urbán, responsable del Programa de Investigación en Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), alertó que la explotación de una mina de fosfato en el fondo marino del Golfo de Ulloa, modificaría la migración milenaria de la ballena azul, ballena jorobada y ballena gris, por el ruido y el tráfico marítimo.
Uno de los factores que más preocupaba a los científicos era la pluma de sedimentos que se levantaría por el dragado, «porque no es cuestión solamente de turbidez en el agua, ya que hay metales pesados en el lecho marino como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, selenio, uranio y zinc, que llevan almacenados ahí millones de años».
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil subrayaron que el dragado de «Don Diego» con maquinaria pesada tendría severos impactos en la tortuga caguama, que enfrenta una situación ya de por sí crítica por su alta mortandad en el Golfo de Ulloa.
Recordaron que esta situación que se presenta en la llamada Playa San Lázaro, tiene a México sujeto a sanciones comerciales por parte de Estados Unidos, que prohibió el uso de sus puertos a todos los barcos con bandera nacional, involucrados en la pesca con redes de enmalle en la región, lo que podría escalar a un embargo para todo el sector en el país.
En tanto, Florencio Aguilar, directivo del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, reconoció en su oportunidad, la preocupación que existía, de que Odyssey quisiera negociar con el gobierno mexicano la millonaria multa a cambio de las autorizaciones para operar el yacimiento de fosfato.
El líder del sector pesquero, señaló que la minería submarina y sus consecuencias crearían una situación adversa que podría cerrar mercados internacionales como el de China para la langosta o el de Estados Unidos para el pulpo procedentes de Baja California Sur. (Excélsior).
