Los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, en acuerdo con sus dirigencias nacionales, encabezadas por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, presentaron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar publicado el pasado 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira Valdez (PRI, Jorge Romero Herrera (PAN), y la vicecoordinadora Elizabeth Pérez Valdez (PRD), informaron que se recabaron las firmas de más de 170 legisladoras y legisladores para poder presentar la impugnación y dejar sin efectos dicho Decreto, ya que viola al debido proceso legislativo, así como los principios de democracia deliberativa, representación, libertad parlamentaria y seguridad jurídica.
Lo anterior, sustentado en que no se cumplieron los tiempos procesales marcados por el Reglamento de Cámara de Diputados para circular el dictamen y convocar a sesión de discusión y votación; además que el documento votado y aprobado en Comisión fue distinto al que presentaron en el Pleno, por lo que la mesa tuvo que devolverlo a comisiones para que volviera a ser revisado y votado, por segunda ocasión.
El coordinador Rubén Moreira explicó que luego de que el gobierno decidió quedarse con los recursos de las y los trabajadores de este país, “PRI, PAN, PRD, nuestras 3 dirigencias nacionales, con Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés, y las y los diputados de los tres partidos decidimos acudir a la acción de inconstitucionalidad”.
Nosotros, subrayó el priista, esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años.
Agregó que con este saqueo de las Afores que se da de una manera increíble, en un México quebrado como lo comprueban los precriterios de la Secretaría de Hacienda, en los que se anota para este año dos billones de pesos de deuda y anuncia cuando menos el requerimiento de otro billón de pesos para el próximo año, van a entrar a la cuenta personal de los trabajadores, atentando contra la propiedad privada y el patrimonio privado.
Al referirse a dicha Acción de Inconstitucionalidad, el coordinador de las y los Diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, recordó a la ciudadanía que con esta ley “disfrazada”, la mayoría de Morena confiscó bienes de las personas.
“Para todas las personas que tengan una cuenta corriente bancaria es absoluta la equivalencia a que mañana te enterarás que el gobierno sustrae tus ahorros de tu cuenta bancaria para llevársela a un fondo público sin tu consentimiento; pues aquí y en China eso se llama confiscarte tus bienes, lo que es inconstitucional”, reiteró.
El líder de la bancada del PAN enfatizó en que no existen reglas de operación en la reforma de pensiones propuesta por la 4T y confió en que la Suprema Corte de Justicia pueda resolver a favor de la gente.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Elizabeth Pérez Valdez, fue clara y contundente al señalar que la oposición está lista para defender el patrimonio de las y los mexicanos que Morena y el Gobierno Federal se quieren robar, de ahí que aclaró que se está en tiempo y forma para interponer la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la reforma aprobada en el Congreso de la Unión.
La diputada federal perredista adelantó que el PRD, PRI y PAN cuentan con todos los elementos para presentar la acción jurídica y ofrecer al Poder Judicial los argumentos que demuestran la violación a la ley, a fin de tumbarla en aras de apoyar a millones de personas que serán perjudicadas al perder los ahorros de su vida.
Pérez Valdez recordó que en el análisis de la Cámara Baja sobre la reforma que quitará a las y los trabajadores los recursos de las afores con una década sin movimiento Morena y sus aliados volvieron a polarizar al país, por lo que hoy se podría retomar su frase para aclarar cuál es el México bueno y el México malo, concluyó.
Los legisladores precisan en el escrito inicial de la demanda que con los hechos descritos se han violado los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 22, 27, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 18, 23 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en materia de derecho a la propiedad; así como los Principios de legalidad, de progresividad y pro persona.
Advierten que también se violan los principios de certeza y seguridad jurídica respecto a la falta de resolución judicial prevista en los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el artículo 81 bis de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Decreto impugnado.
De igual manera, el decreto es violatorio al derecho de transparencia y acceso a la información pública con respecto al uso y manejo de los recursos públicos y a los principios de seguridad y certeza jurídicas respecto al uso y destino de los recursos.
