—Acabábamos de visitar una comunidad en las montañas de Guerrero con otra candidata de Morena, cuando a las ocho de la noche me sonó el celular. Pensé que era alguien de mi campaña. Pero en esas solo escucho que una mujer me empieza a gritar desesperada: ‘¡Písale al carro, manita! ¡Te están siguiendo para darte en la madre! ¡Písale a fondo! ¡¡¡Písale!!!
Elena, treinta y pocos años, no se llama así. Pero, por motivos de seguridad, pide que se le modifique el nombre y que no se den descripciones de su aspecto físico. Solo concede que se diga que es militante de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido varias veces candidata a diferentes cargos, y que ha sufrido hasta tres atentados para silenciarla.
No es, desde luego, la única voz a la que la delincuencia organizada ha intentado acallar en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, con más de 6 mil 500 asesinatos y más de 1 mil 500 desaparecidos en los últimos 5 años, y una de las entidades que más está sufriendo la violencia electoral en este proceso 2023-2024, de acuerdo con datos recabados por la organización civil Data Cívica en el proyecto ‘Votar entre balas’.
De hecho, con seis aspirantes asesinados entre septiembre de 2023 y el 28 marzo de este año, dos de ellos en una misma semana en el municipio de Chilapa, el estado de Guerrero es el más peligroso para aspirar a un cargo público, aún y cuando las campañas para alcaldías arrancan formalmente hasta el 20 de abril y las de diputados locales comenzaron apenas el 31 de marzo.
Elena, además de desplazada de su municipio por amenazas del crimen organizado, dice que extrema las precauciones —durante la plática en un café de Chilpancingo no deja de observar nerviosa quién entra y sale por la puerta— porque ya sabe lo que es perder algo muy querido: sus padres fueron asesinados a balazos años atrás, luego de que su padre también aspirase a un cargo público.
Por eso, cuando sonó el celular y escuchó que la estaban persiguiendo, pensó que todo estaba a punto de terminar también para ella.
—Me gritó: ‘¡Písale y no me cuelgues! ¡Te quieren quebrar!¡ ¡Písale! —recuerda de nuevo la escena con los ojos llorosos y muy abiertos—. Mi marido era el que manejaba y cuando escuchó eso aceleró, y la patrulla con seis policías que venía detrás escoltándonos prendieron las luces y se pusieron pilas.
—Luego supe que la mujer que me habló era del equipo de la candidata que habíamos ido a visitar a la comunidad. Al mismo tiempo que un grupo armado intentaba secuestrarla, otro grupo salió a por nosotros.
—N’hombre —esboza una sonrisa nerviosa, al tiempo que se recoge el cabello en una cola—. Íbamos así —chasquea los dedos—: en putiza, de noche, en una camioneta muy vieja y por caminos de terracería. Estuvimos huyendo como media hora, hasta que llegamos a otro municipio. La libramos por poco.
Cuando se le pregunta por qué quieren matarla —los otros dos atentados fueron en la campaña de 2021, uno el día de la votación, cuando los policías que la escoltan por las medidas cautelares que le otorgaron tras el asesinato de sus padres se la tuvieron que llevar por la presencia de grupos armados en las urnas—, Elena se hace para adelante y con los antebrazos apoyados en la mesa del café explica que ella, como contarán otros aspirantes para esta crónica, no está cumpliendo con una regla elemental.
—En Guerrero, si tú quieres ser candidato o candidata a lo que sea, y quieres hacer campaña, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso al narco.
Tras la frase lapidaria, que pronuncia bajando la voz para que los comensales de las mesas vecinas no alcen una ceja, Elena deja que corran unos segundos para cerciorarse de que nadie más que el periodista que tiene delante la ha escuchado.
—Si te dan permiso, entonces puedes recorrer pueblos, hacer tu propaganda y hacer campaña. Pero ojo —alza ahora el dedo índice al tiempo que abre mucho los ojos—, aunque te den permiso, tú no puedes mencionar nada de seguridad. Nada sobre violencia, inseguridad, paz, ni nada relacionado con ese tema.
—¿Y si no te dan permiso? —le inquiere el periodista.
Elena se mueve incómoda en la silla, encoge los hombros, y vuelve a mirar desconfiada a los comensales que tiene a su alrededor.
—Sin el permiso no tienes derecho a hacer campaña. Así de simple. Y si tú te avientas porque según eres muy valiente, o porque quieres hacer campaña de buena fe, entonces no tarda en llegarte la amenaza de que, en cualquier rato, te desaparecen.
—¿Pero por qué busca tanto el crimen organizado influir en las elecciones?
A continuación, la mujer carraspea y comienza a explicar algo que repetirán tanto en grabadora, como fuera de ella, exfuncionarios, dirigentes de partidos, y los propios aspirantes.
—Ellos tienen dinero, tienen armamento, tienen el control territorial, pero no tienen, o aún no del todo, las relaciones políticas para incidir en otros espacios públicos.
—Por eso lo electoral se ha vuelto tan importante para ellos —añade—. Y no solo por el control territorial y el trasiego de drogas por la región, sino también por el dominio del transporte público, los mercados, los rastros de pollo, etcétera.
Y por eso, subraya una vez más, los ayuntamientos se han convertido en el ‘caramelo’ que todo cártel ansía tener. Pues, colocando a ‘sus’ alcaldes a modo, tienen el control del presupuesto, de las obras públicas —“ellos tienen sus propias constructoras que ganan contratos de manera directa”, dirá en otra entrevista un aspirante del PRD—, y también el control de la policía municipal, de los agentes de tránsito, y del aparato burocrático, administrativo, y hasta de la recaudación municipal.
—Lo que le interesa al narco es que el presupuesto público llegue a sus manos y ejercerlo como quieran —resume la morenista.
Y todo ello, concluye, con una diferencia respecto a procesos electorales pasados.
—Antes, el candidato ganaba, lo buscaban, y si no había acuerdo, pasando la votación se lo quebraban. Pero hoy no es así. Ahora directamente no te dejan que te presentes sin su permiso. Y si lo haces, te asesinan antes de que llegues a las urnas.
Por eso mismo, Elena dice cabizbaja, con gesto exhausto y de resignación en su rostro, que lleva un tiempo dándole vueltas a una posibilidad en su cabeza.
—El gobierno del presidente López Obrador está buscando pacificar el país de otra manera a como se hacía antes, pero no es suficiente, la verdad —plantea—. ¿Porque, quién puede garantizar que la gente va a salir a votar libremente?
Elena niega con la cabeza y respira hondo.
—La verdad, estoy pensando en irme del país y me duele mucho —se mira las manos y deja otra breve pausa—. Pero si no puedo dar la lucha desde lo político para cambiar las cosas, intentaré hacerlo desde fuera, porque aquí no lo puedo hacer. Porque si yo salgo a hablar públicamente de todo esto… me matan.
“LA DEMOCRACIA ESTÁ SECUESTRADA”
A diferencia de los procesos electorales de 2018 y 2021, cuando los eventos de violencia político-criminal estaban concentrados en las regiones del Oeste, Sur y Golfo, para este proceso 2023-2024 la violencia ya se extendió por casi todo el país, siendo Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Baja California, los principales focos rojos, de acuerdo con datos recabados por Data Cívica para ‘Votar entre balas’.
Esta investigación, además, arroja otros datos importantes. Por ejemplo, que los ataques ‘político-criminales’ ocurrieron en 581 municipios que concentran hasta 75 millones de personas, lo cual se traduce en que el 60% de la población mexicana vive en un territorio donde el crimen organizado busca incidir en la esfera política mediante el uso de ataques (agresiones, secuestros, asesinatos, etcétera) dirigidos a diferentes actores político, incluidas sus familias.
Y otro dato revelador: de los mil 373 ataques registrados en el periodo 2018-2024 en contra de esos actores políticos, incluyendo no solo a candidatos sino también a funcionarios públicos como alcaldes, regidores o policías locales, casi el 80%, es decir, casi mil personas, fueron asesinadas. O lo que es lo mismo: 8 de cada 10 ataques del crimen organizado contra actores políticos son letales en México.
En el caso de Guerrero hay hasta 16 grupos criminales que ejecutan buena parte de esa violencia electoral: tres cárteles ‘nacionales’ —Familia Michoacana, Cártel Jalisco, y cártel de Caborca/Los Rusos—, y 13 de contexto local, entre los que destacan ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’, cuyos enfrentamientos por el control territorial y del negocio de las extorsiones a transportistas, comerciantes, y rastros de pollo, carne y alimentos, entre muchos otros rubros, ha desatado el terror especialmente en la capital, Chilpancingo, y en municipios aledaños como Tixtla, Quechultenango, José Joaquín Herrera —donde las imágenes de niños armados para enfrentar a los cárteles dio la vuelta al mundo—, y también en Chilapa.
CHILAPA, DONDE EL CRIMEN CONTROLA LAS ELECCIONES LOCALES
Precisamente, Chilapa se convirtió en marzo de este 2024 varias veces en nota nacional. Primero, por el asesinato a balazos el 13 de marzo de Tomás Morales, uno de los fundadores de Morena en el municipio, quien buscó contender por la alcaldía, hasta que se hizo un lado para que la aspirante fuera Paula Angélica Miranda, quien también ha sido víctima de la violencia: en 2015, su esposo fue interceptado por un grupo armado en la ruta entre Quelchuntenango y Acatepec, a unos 40 kilómetros de la capital, y posteriormente apareció calcinado en su camioneta. Y, en segundo lugar, Chilapa volvió a ser nota por el asesinato tan solo unos días después, el 19 de marzo, del también morenista Antonio Crespo, regidor de desarrollo rural del ayuntamiento de Chilapa.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en Chilapa se registraron en 2023 un total de 19 asesinatos, una reducción de hasta un 70% en comparación con 2019, cuando hubo 63 casos en una población de poco más de 100 mil habitantes. Sin embargo, los aspirantes entrevistados refieren que este municipio es el mejor ejemplo de lo que significa una ‘zona de silencio’.
—En Chilapa no hay lonas de propaganda electoral, no hay gente volanteando, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni de nadie. Es como si ahí no hubiera campaña. Todo es por el celular. Por ahí se envía que la gente vote por tal o cual en la encuesta del partido —refiere otra integrante de Morena, que también pidió anonimato.
—¿Pero, entonces, cómo se van a llevar a cabo las elecciones ahí? —se le pregunta.
—Pues es que, mira —responde—, Chilapa es uno de los ejemplos donde no hay elecciones libres. Y quién diga que sí, es una vil mentira. Porque ahí el narco solo respeta una ley: la suya. Y, si no haces lo que ellos piden, estás en la mira.
Elena, la también candidata de Morena, contó durante la plática en el café de Chilpancingo que conoció a Tomás Morales, el aspirante de su partido asesinado. “Era un buen muchacho y compañero, la verdad; trabajador y muy cercano con el pueblo”, refirió la morenista, que dijo que, en su opinión, “el golpe” en contra de Morales pudo venir, precisamente, por esa cercanía con el pueblo y su capacidad de movilización en un municipio gobernado por el PRI.
—Cuando López Obrador cumplió cinco años de gobierno, Tomás movilizó a gente de varias comunidades. Y pues los narcos no quieren a nadie que les pueda meter ni tantito ruido, porque piensan: ‘yo estoy controlando el territorio, yo ya decidí quién va a ganar en la alcaldía que controlo, y tú me los quieres sacar del corral’. Y pues pudieron ver en Tomás una amenaza.
No obstante, Jacinto González Varona, dirigente de Morena en Guerrero, descartó en entrevista que los asesinatos de los dos morenistas en Chilapa tuvieran motivaciones políticas, y lo achacó más a un posible “confrontación entre grupos étnicos”.
—Nosotros intuimos que el asesinato de Tomás se debió a que él era originario de José Joaquín Herrera, donde fue regidor. Y los de ese pueblo no pueden venir a Chilapa porque hay una confrontación. Y lo mismo sucede con el regidor, que también es de allá. Además, ninguno de los dos eran aspirantes.
Sin embargo, para un prominente político y veterano funcionario guerrerense que pidió anonimato, el mensaje de los dos asesinatos está más que claro.
—El mensaje que lanzaron fue: ‘que nadie se nos atraviese, o esto les va a pasar’. Porque en Chilapa, donde lleva años el PRI, no hay un enfrentamiento con otras comunidades, lo que hay es un empoderamiento de ‘Los Ardillos’, que están empecinados en que ahí no gane ningún candidato que no sea el que ellos digan.
Y lo mismo sucede, apuntan otros aspirantes y dirigentes de partidos entrevistados, en muchas otras zonas de Guerrero. Especialmente, en Tierra Caliente, en municipios como Arcelia, San Miguel Totolapan, Cutzamala, Zirándaro o Pungarabato. En esta región, tanto la población como los aspirantes viven también en ‘zonas de silencio’, donde las carreteras están plagadas de retenes para controlar quién entra y sale, y donde la prensa está amenazada por los criminales.
—En Tierra Caliente, la campaña y la elección son un mero trámite. La empresa (cártel de La Familia Michoacana) ya tiene decidido quiénes serán los alcaldes. Es decir, muchos municipios ya tienen alcalde nuevo, y eso que aún faltan 70 días para las votaciones —expone con resignación en otro café de Chilpancingo un aspirante que pide no mencionar ni siquiera su partido.
—Es muy difícil, o casi imposible, hacer campaña en Guerrero, porque hay regiones enteras y municipios controlados por el crimen organizado —hace hincapié por su parte un aspirante del Partido Acción Nacional—. Y aunque hay retenes de la Guardia Nacional y del Ejército por todas partes, todo está fuera de control. O mejor dicho —se corrige con una sonrisa fatigada—: todo está bajo control del narco. Yo diría que hay entre un 60 y 80% del territorio de Guerrero donde no se puede hacer campaña.
Al preguntarle dónde sí se podría, el panista asegura que “más o menos” se puede hacer en lugares como la turística Acapulco, a pesar de sus casi 1 mil 500 asesinatos en los últimos tres años, la capital Chilpancingo, que también sufre problemas graves de inseguridad, en algunas zonas de Iguala, en la cabecera municipal de Tlapa, y en algunos lugares de la montaña alta que están alejados de las rutas del trasiego de drogas y que no son de interés de los cárteles.
—No existe una democracia real en Guerrero —concluye tajante el candidato blanquiazul—. Bajo este esquema en el que vivimos, lo que hay son imposiciones del crimen organizado, con la anuencia del gobierno estatal y federal, para decidir quién sí y quién no participa.
—Por desgracia —remata juntando las muñecas de las manos y mostrando las palmas abiertas— la democracia en Guerrero está secuestrada por el narco.
“La gente ya perdió el miedo”: alcaldesa de Morena
La oficina de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, de 46 años, está en el segundo nivel del Palacio Municipal, inmueble ubicado frente a la Catedral Asunción de María, de impoluta fachada blanca, y en el que a un costado de la entrada destaca a la vista una escultura gris de varios metros de altura. Se trata de un hombre con ambos brazos hacia atrás y la cabeza apuntando al cielo, al que ‘bautizaron’ como ‘El Hombre al Futuro’.
Son las dos de la tarde del viernes 22 de marzo, y tan solo unos minutos antes de la entrevista, un grupo de periodistas abordó en un clásico ‘chacaleo’ a la alcaldesa en la entrada del Palacio Municipal para preguntarle por el mismo tema desde que, en julio del año pasado, fue exhibida en video y audios manteniendo un desayuno con Celso Ortega Jiménez, líder de ‘Los Ardillos’; un sanguinario grupo criminal que posterior a ese encuentro mató a seis personas a las que decapitó y las dejó tiradas en el barrio de San Mateo, a tan solo cinco minutos caminando del zócalo del centro histórico y del Palacio. Entre los cadáveres había una cartulina dirigida a la mandataria en la que le recordaba que tenían otro desayuno pendiente.
Con semblante incómodo, pero manteniendo el tono cordial, la alcaldesa respondió a los cuestionamientos antes de entrar al ayuntamiento diciendo lo que también lleva repitiendo desde que la nota se hizo escándalo nacional: que fue una plática casual, que no llegó a ningún acuerdo con los criminales, y que el asunto está en manos de la Fiscalía General de la República, que, hasta marzo de este 2024, no le había notificado ninguna investigación en su contra.
Ya en su oficina, una habitación con un cuadro de López Obrador presidiendo solemne el espacio, un escritorio y una amplia estancia con varios sofás cómodos, Norma Otilia, que viste un elegante vestido azul eléctrico, se arranca admitiendo que, en efecto, “hacer campaña en Guerrero es difícil, y mucho más en el tema de las mujeres”. Sin embargo, considera que el panorama no es, ni mucho menos, tan catastrófico como expusieron algunos aspirantes entrevistados.
—Esto (la situación de violencia) no es de ahora. Antes, hace como 10 o 15 años, había mujeres a las que mataban sin hacer campaña. Pero ahora ya hay avances importantes, porque la gente ya perdió el miedo —asegura—. Y para mí, la democracia ha sido vital en esta transformación.
—¿Usted considera entonces que sí hay las condiciones para unas elecciones libres en Guerrero? —se le cuestiona.
—Lo que espero es que se desarrollen de la mejor manera —responde—. Pero mira, en 2018, cuando López Obrador estaba en la boleta, también había amenazas de pánico. Y pues muchas veces eso es parte del golpeteo. Yo te puedo decir que en la capital no ha sucedido que estén grupos armados condicionando a la gente. Pero hay mucha guerra sucia. Quieren que la gente no salga a votar, aunque yo veo que en los últimos años ha habido mayor participación.
A unas pocas calles de distancia del Ayuntamiento y del zócalo de Chilpancingo, muy cerca de la Alameda Francisco Granados, donde los niños juegan a tirarse agua para sofocar el fuerte calor guerrerense, están las instalaciones de Morena en el séptimo piso de un edificio angosto.
En su oficina austera, el joven dirigente estatal, Jacinto González Varona, también considera que la situación de violencia electoral, al menos contra sus aspirantes, no es tan preocupante, a pesar de lo expuesto incluso por integrantes de su partido y por los datos recabados por Data Cívica de homicidios y ataques con fines electorales en la entidad.
—Hasta ahora (marzo de 2024), ningún aspirante nos ha llegado diciendo: ‘oye, ya me amenazaron, me bajo’. En el 2015 sí nos amenazaron y varios (candidatos) se bajaron. En 2018, también, y en 2020 también se bajó uno. Pero ahora no hay ese tipo de amenazas. No tenemos ningún problema.
No obstante, en la misma entrevista, González Varona admitirá minutos después que él mismo ha recibido amenazas telefónicas tan solo una semana antes de esta plática.
—Me dijeron: ‘si sigues hablando te va a cargar (la chingada) porque nosotros no nos estamos metiendo en tu partido, ni estamos amedrentando a candidatos. Así que sigues tú, si continúas molestando’ —expone el morenista, que también asegura haber recibido amenazas de los propios aspirantes de su partido que, “al calor de la euforia electoral”, estaban inconformes tras no ser elegidos para una candidatura.
EL PROCESO ELECTORAL VA, A PESAR DE TODO
A unos diez minutos caminando por la Avenida Juárez, pasando por el vetusto edificio de la Universidad Autónoma de Guerrero, se encuentra la delegación estatal del Instituto Nacional Electoral (INE). Ahí también se le pregunta a Donaciano Muñoz Loyola, el vocal ejecutivo, si hay condiciones para unas elecciones libres.
—Organizar unas elecciones siempre es algo muy complicado. Y en Guerrero lo es, no solo por la inseguridad, sino también por todas las características físicas del estado, pues hay muchos ríos, localidades muy alejadas y de difícil acceso —contesta tras meditar unos segundos la respuesta.
—Pero, si nos atenemos a los números —agrega—, pues a este mes de marzo en el INE hemos podido transitar por todo el estado y hemos visitado ya al 96% de las personas que salieron sorteadas para funcionarios de casilla. Es decir —recalca—, hemos podido avanzar con nuestro trabajo operativo en terreno, y hasta ahora no tenemos nada que nos alarme de cara a la elección del próximo 2 de junio.
Ahora bien, el funcionario electoral matiza que, aunque no han tenido problemas de gravedad en los recorridos que hicieron más de 1 mil 500 capacitadores contratados para visitar y capacitar a los ciudadanos, esto se ha debido a varias estrategias de seguridad que ellos implementaron —como contratar capacitadores que viven en los municipios a visitar, hacer visitas siempre grupales, y restringir los horarios de trabajo—, y no tanto por las medidas de seguridad establecidas por la autoridad estatal. De hecho, Loyola señala que el gobierno de Evelyn Salgado aún no les ha cumplido con dos peticiones muy concretas en materia de seguridad, a pesar de que las campañas ya se les echaron encima.
—Les pedimos que nos proporcionen un mapa de riesgo del estado que nos permita acentuar estas medidas de prevención, y también que nos incluyan en la mesa de seguridad, tanto federal como local. Son solicitudes que hemos venido reiterando, pero hasta ahora siguen pendientes —lamenta el funcionario.
POSDATA: “NO QUIERO SER UN MÁRTIR DE LA DEMOCRACIA”
Don Héctor, político con más de 30 años de experiencia -en los que ha ocupado varios cargos públicos en Guerrero- no pierde la sonrisa ni deja de hacer chascarrillos durante la entrevista, a pesar de que lleva días muy nervioso luego de que anunció públicamente su deseo de contender por otro cargo, ahora con la coalición PAN-PRI-PRD.
—Estoy a cada rato mirando esta chingadera —voltea el celular que está sobre la mesa de su escritorio—. Lo estoy mirando a cada rato para ver si ya me cargó la chingada con aquellos, o qué onda.
Aquellos son el narco, así, en general, pues para evitar que lo identifiquen no quiere dar detalles del grupo que impera en la zona donde debería ya estar haciendo recorridos como paso previo a la campaña que arranca este abril, y al que solo va dos días “de volada” y se regresa a resguardarse en Chilpancingo.
En la capital también hay un problema de inseguridad: los enfrentamientos entre ‘Tlacos’ y ‘Ardillos’ por el control del transporte público y el asesinato de choferes dejó en febrero pasado a la ciudad varios días con gente caminando por las calles, al tiempo que los vecinos susurran que hay un mandato no escrito para que nadie transite en moto a partir de las siete de la tarde para evitar ser confundidos con sicarios de algunos de los grupos. En ese contexto, el político veterano considera que se trata más de una violencia “criminal” que “electoral”. Y eso, irónicamente, le da seguridad.
El motivo de tanto temor, comenta ahora algo más serio, es el mismo que el que ya han expuesto múltiples entrevistados en esta crónica: don Héctor, que no se llama así, tampoco ha pedido permiso al crimen organizado para hacer campaña, porque en su región lo ubican bien e interpreta el silencio del narco a su anuncio como una especie de beneplácito. O eso supone.
—Ellos ya me conocen —dibuja una sonrisita trémula en los labios—. Pero, de todas formas —matiza frunciendo el ceño y con el dedo índice en alto— yo ya le dije a los tres partidos de mi coalición que, a la menor amenaza, ahí les dejo los trastes y me vengo echo la madre —vuelve a reír nervioso—. Además, le prometí a mi familia que yo no voy a ser el héroe de nada, ni quiero en mi pueblo un monumento de mártir de la democracia. No —niega rotundo con la cabeza—, si surge cualquier cosa rara, a la chingada. Ahí se queda todo tirado. Así que, por eso, estoy esperando: si me dan chance, quiero impulsar algunos cambios en mi región. Si no, pues espero que al menos tengan la delicadeza de avisarme y no me den un pinche susto.
—¿Y no ha pensado en pedir protección al gobierno? —se le pregunta.
Don Héctor apoya la espalda en la majestuosa silla de su despacho y se lleva ambas manos al regazo.
—No, no —vuelve a negar con la cabeza—. Mira, aquí ha habido candidatos que se atrevieron a pedir el apoyo de la Guardia Nacional, y al día siguiente se los llevaron. Es decir, hay candidatos que andan retando y diciendo que ya se acabaron los abrazos, y todo eso. Pero lo que hacen es ponerse en la mera boca del lobo.
—Y por el contrario —matiza acto seguido—, también están los candidatos que no les alcanza para ganar, pero siguen en la contienda porque tienen el voto de las balas, ¿me entiendes?
Antes de que el periodista pueda responder, don Héctor lanza una risotada y se responde a la pregunta explicando que esos son los candidatos que ya llegaron a acuerdos con los grupos del crimen organizado, que incluso les hacen de operadores electorales. Por ejemplo, explica, uno de los modus operandi consiste en que los criminales mandan a traer a la gente de las comunidades dispersas de la sierra y las reúnen en la comisaría del municipio, y les ordenan, “a punta de pistola”, o con la amenaza “de unas tableadas” o de “matar a toda la familia”, que en ese lugar se vota por tal candidato y tal partido. Y punto.
Y si eso no es suficiente, “o si ven que el candidato nomás no levanta”, entonces los grupos criminales secuestran unos días antes de la elección a los operadores de los partidos y los meten en casas de seguridad para que no puedan movilizar a votantes. O, en caso extremo, directamente matan al aspirante o la aspirante.
Pero, el problema de tener como ‘operador’ electoral a la mafia, plantea don Héctor, es que, claro, hay que pagarles de vuelta la inversión.
—O sea, esos candidatos están vendiendo su alma al diablo. Porque tú ganas, pero el alcalde no eres tú. Son ellos.
Por eso, don Héctor dice que, especialmente desde las elecciones de 2018 a la fecha, el miedo a contender se ha extendido por todo Guerrero, donde asegura que, literal, “la democracia se negocia directamente con el narco”.
—No hay ni un solo lugar en Guerrero, ni en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, ningún lugar donde los candidatos y las candidatas no tengamos pavor del narco. ¡Ni uno solo! —concluye el veterano aspirante con el dedo alzado, para acto seguido voltear por enésima vez la pantalla del celular, y comprobar aliviado que aún no le ha llegado ningún mensaje. (Animal Político).
