Emilio Lozoya Austin le ganó otro juicio más a la Fiscalía General de la República (FGR). Una jueza federal declaró improcedente el recurso legal con el cual los fiscales pretendían quitarle de forma definitiva al exdirector de Pemex su residencia en el poniente de la Ciudad de México, y ordenó que la propiedad –valuada en más de 38 millones de pesos– le sea devuelta.
Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Domino, Ana Lilia Osorno Arroyo, resolvió que los fiscales se equivocaron al solicitar el cambio de dueño del lujoso inmueble con un recurso legal que no estaba vigente cuando ocurrieron los presuntos hechos delictivos.
La FGR sostenía que la residencia de 1 mil 165 metros cuadrados fue adquirida por Lozoya con supuestos sobornos que recibió para gestionar la compra de la planta chatarra Agronitrogenados. El exfuncionario, que negó que esto fuera cierto, fue acusado penalmente, sin embargo, en septiembre pasado un juez canceló el proceso penal contra Lozoya al considerar que el daño ya estaba siendo reparado.
Con independencia de ese proceso penal el aseguramiento definitivo de la residencia – que la FGR pretendía entregar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador – requería de otro procedimiento por separado conocido como juicio de extinción de dominio.
En mayo de 2019 la casa fue asegurada de manera preventiva, y en noviembre de 2021 –con Lozoya ya ingresado al Reclusorio Norte– se iniciaron las gestiones ante el Poder Judicial para que la propiedad pasara a manos del gobierno.
El caso quedó radicado en el juicio de extinción de dominio número 9/2021-V que, tras varios retrasos, finalmente fue resuelto el pasado 10 de noviembre. EMEEQUIS tuvo acceso al documento íntegro de la sentencia dictada por la jueza Osorno Arroyo.
Tras detallar los antecedentes del caso, la jueza consideró que la defensa del exdirector de Pemex encabezada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso tenían razón al considerar que la extinción del dominio en los términos planteados por la FGR no era procedente.
Lo anterior bajo el argumento de que la casa, ubicada en Calle Ladera número 20 fraccionamiento Lomas de Bezares, fue adquirida en 2012. Aun cuando dicha propiedad se hubiera comprado con dinero de origen ilícito lavado en el sistema financiero –lo que no está probado– en esa época este delito no figuraba en la lista de aquellos por los cuales se podría pedir la extinción de dominio contenidos en el artículo 22 de la Constitución.
Fue hasta el 2019 cuando se hizo la reforma constitucional para que se incluyera el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como causa de extinción, y en agosto de ese mismo año se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aunque en 2021 – fecha de la solicitud de extinción de la FGR – estas normas ya estaban vigentes, la casa fue adquirida varios años antes.
“En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en dos mil doce, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia”, concluyó la jueza.
En ese contexto, Osorno Arroyo determinó declarar improcedente la extinción de dominio y, una vez que la resolución quede en firme, levantar el aseguramiento de la propiedad para que esta regrese a su dueño.
Dado que se trata de una resolución de primera instancia, la FGR tiene posibilidad de presentar un recursos de revisión para que el caso sea revisado por un tribunal federal y este determine si se confirma la sentencia.
La jueza declaró improcedente la extinción de dominio.
LA OTRA CASA EN IXTAPA ¿EFECTO DOMINÓ?
Hay otra propiedad de la familia de Lozoya que la FGR también mantiene asegurada y por la cual busca la extinción de dominio. Se trata de una residencia de 3 mil 500 metros cuadrados ubicada en el condominio Quinta del Mar en Ixtapa-Zihuatanejo, que fue adquirida en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa del exfuncionario.
Según las investigaciones de la FGR el valor de esta propiedad es de un millón 900 mil dólares de los cuales, al menos 1 millón 200 mil fueron pagados con supuestos sobornos de la constructora Odebrecht. Por ese motivo los fiscales promovieron en 2022 un juicio de extinción de dominio para que el inmueble pase a manos del Estado.
No obstante, en dicho procedimiento los argumentos utilizados por la Fiscalía son similares a los del caso de la residencia en Lomas de Bezares y los defensores ya han respondido de la misma forma considerando que debería declararse improcedente. Ello ya que la propiedad fue adquirida a través de una presunta operación de lavado de dinero, ilícito por el que en la fecha en que ocurrieron los hechos no era procedente la solicitud de extinción.
De seguir la misma línea de su homóloga, el juez responsable del procedimiento podría declarar que, en este caso, también es improcedente la medida.
La casa en cuestión. Foto: Mexicanos contra la Corrupción.
VENTAJA DE LA DEFENSA
Desde que Emilio Lozoya fue extraditado a México por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, sus abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso han manejado la estrategia de defensa en dos rutas paralelas: la negociación con el Estado peor, a su vez, la preparación de recursos para desvirtuar las acusaciones que a la postre han resultado exitosos.
Originalmente el punto central fue la búsqueda de acuerdos reparatorios y de un criterio de oportunidad. Ello le significó a Lozoya la posibilidad de mantenerse en libertad mientras la FGR intentaba sacar adelante procesos en contra de varios exfuncionarios a los que denunció.
En noviembre de 2021 el exdirector de Pemex fue sometido a prisión preventiva. No obstante, las negociaciones continuaron y en abril de 2022 el Consejo de Administración de la empresa aceptó firmar un acuerdo reparatorio por ambos casos con Lozoya que, en ese momento, contemplaba el pago de diez millones de dólares y la entrega de sus referidas residencias como garantía de pago. En la sesión donde se aprobó este acuerdo, la directora jurídica de Pemex reconoció que era la mejor solución ante lo limitadas que eran las pruebas.
Sin embargo, el acuerdo terminó cayéndose luego de que el presidente López Obrador declaró en una de sus conferencias que el monto exigido a Lozoya le parecía poco. A ello le siguieron meses de paralización de los procesos y un posterior reclamo de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera de un pago más elevado, hecho que la defensa de Lozoya calificó como una extorsión.
Tras romperse la ruta del acuerdo, el caso entró en una abierta fase de confrontación en la que la defensa de Lozoya consiguió, en cuatro meses, desarmar tanto el proceso penal como el de extinción de dominio iniciados contra Lozoya por el caso de la planta Agronitrogenados.
El caso que sigue vivo y por el cual Lozoya sigue en prisión preventiva es el relacionado con los sobornos de Odebrecht. Aunque un juez ya dio la orden para que el tema avance a la fase de juicio, la FGR enfrenta dificultades debido a que un tribunal federal ya ratificó que las pruebas bancarias en las que se sustenta el proceso no son válidas.
Sumado a ello, la defensa del exfuncionario ya prepara diversas acciones legales luego de que un fallo judicial en Brasil confirmó que las declaraciones de directivos de Odebrecht y de otros implicados obtenidas en aquel país resultan ilegales dado que se obtuvieron a través de presiones y torturas psicológicas que contaminaron el proceso.
El tema resulta relevante para el caso en México dado que de ahí se desprenden parte de los testimonios con los que la FGR busca sostener que Lozoya fue sobornado. De confirmarse la nulidad de dicha evidencia en nuestro país el caso quedaría prácticamente desarmado. (EMEEQUIS).
