destacada activista de una organización que buscaba a personas desaparecidas en el norte de México fue asesinada a tiros en su casa, informaron el jueves el grupo que integraba y las autoridades.
Miriam Rodríguez murió camino al hospital luego de que hombres armados le dispararan en múltiples ocasiones, informó el grupo Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa, que reúne a familiares de desaparecidos en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país.
Como en otros miles de casos, Rodríguez emprendió en 2014 por su cuenta la búsqueda de su hija desaparecida, Karen, hasta que encontró sus restos en una fosa clandestina en la localidad de San Fernando e indicó a las autoridades quiénes eran los culpables del asesinato, dijo la organización en un comunicado.
«Ante la poca capacidad e interés del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del gobernador de Tamaulipas, Fernando García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», dijo el comunicado.
El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno estatal había atendido las demandas de protección de Rodríguez y que policías realizaban rondas tres veces al día por su casa. Agregó que además hay nueve personas procesadas por el secuestro y homicidio de su hija.
Tamaulipas, un estado fronterizo ubicado frente a Texas, es el que registra más desaparecidos en el país con 5,563 casos, según la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Muchos están relacionados con las pugnas entre bandas rivales como los Zetas y el Cártel del Golfo.
La semana pasada, un activista estadounidense, Gordon Storm, fue hallado en su casa con heridas de bala y signos de tortura en su cuerpo en Veracruz, un estado al sur de Tamaulipas.
La violencia relacionada con los cárteles de la droga repuntó en los últimos años de la administración de Peña Nieto y llegó a casi 23,000 en 2016, acercándose a los peores años del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien lanzó un combate frontal contra estos grupos en una estrategia muy criticada.
Amnistía Internacional exigió que el asesinato de Rodríguez sea investigado de manera independiente, imparcial y exhaustiva, y señaló que el crimen muestra el peligro al que están expuestos todos los días quienes buscan a sus seres queridos por su cuenta debido a la negligencia de las autoridades.
