En una votación dividida de 4 votos a 2, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el juicio promovido por el Gobernador Samuel García para que se ordenara el otorgamiento de una licencia temporal para contender por la Presidencia, y se le permitiera designar quién quedará como encargado en su ausencia.
El proyecto original de la magistrada Mónica Arali Soto proponía declarar parcialmente fundada la queja del Mandatario emecista, proponiendo una acción declarativa del Trife respecto a su derecho de solicitar licencia temporal como lo permite la Constitución, pero señalando la improcedencia de que él mismo defina a quien quedaría a cargo de la Administración.
Sin embargo, los magistrados Felipe Fuentes, Janine Otálora, Felipe de la Mata, y el presidente del Trife, Reyes Rodríguez, expusieron que no existe un acto de negativa del Congreso local que justifique la intervención del Tribunal.
«No existe acto o pronunciamiento alguno del Congreso local que generen los efectos referidos», expuso Fuentes.
«No advierto un acto concreto actual y presente, se trata de relaciones hipotéticas futuras«, añadió, «se nos aportan entrevistas de legisladores, audios que hacen referencia a la posible negativa».
Otálora consideró que los alegatos expuestos por el Gobernador en su Juicio de Protección de Derechos Político- Electorales son simples apreciaciones.
«La demanda del actor es a mi juicio improcedente», expresó, «no hay constancia fehaciente de que haya solicitado una licencia temporal al Congreso (…) no existe una posibilidad seria de afectación de un derecho político».
Además de la magistrada ponente, solo José Luis Vargas se pronunció en favor del proyecto, argumentando que se trata de una situación excepcional en la que el Gobernador carece de seguridad y certidumbre respecto a su derecho de solicitar licencia para contender por otro cargo de elección.
«No resta, sino suma, que este Tribunal se pronuncie», planteó.
Sin embargo, tras casi una hora de discusión, los magistrados determinaron por mayoría que no se cumplen los requisitos de procedencia del juicio del Mandatario estatal, al no existir aún una solicitud formal, ni un rechazo del Congreso.
