Juan Carlos Burillo González, apoderado legal de la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), declaró que la exigencia de Gavira era tal que tuvieron que darle como anticipo un inmueble en Texas y viajes y boletos para los partidos de los Vaqueros de Dallas, en la NFL.
Gavira, actualmente prófugo, es parte de una red en la que participaba el empresario Alejandro Puente Córdoba, amigo y operador del líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado.
Puente, cuya hija, Alejandra Puente tiene un cargo directivo en MC, operaba para recibir contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres.
Según Burillo González, el pago del 10 por ciento del valor del contrato se acordó en una reunión en las oficinas centrales de Liconsa, a la que asistieron Carlos Ernesto Herrera Reza, dueño de Coprolac, y Gavira, acompañado de Manuel Lozano Jiménez y Bernardo Fernández Sánchez, entonces directores Comercial y de Operaciones de esa filial de Segalmex.
«Nos comentaron allí que había que apartar cierta cantidad de dinero, que una vez recibidos los contratos nos iba a representar -dicho por el señor Herrera-, más o menos el 10 por ciento de los contratos, que eran aproximadamente 120 millones de pesos.
«Nos dijeron que él (Gavira) tenía la capacidad de elaborar los contratos sin tener que pasar por ningún órgano interno de control ni por el área jurídica», agregó.
Los convenios a los que se refiere Burillo son los mismos en los que la FGR afirma que hubo un desfalco de mil 687 millones de pesos, de los cuales 435 millones corresponden al monto del contrato y mil 251 millones a la leche bronca que se entregó para ser procesada y que no fue devuelta.
Del total de esa suma, mil 228 millones 470 mil 733 pesos fueron destinados a Coprolac, 984 millones 718 mil 195 pesos por el valor de la materia prima recibida y 243 millones 752 mil 538 pesos del pago del contrato.
De acuerdo con Burillo, la reunión en Lomas de Sotelo fue la tercera entre Herrera Reza y los directivos de Segalmex, y fue también la ocasión en que le hablaron claro al empresario coahuilense y le dijeron que el contrato federal estaba condicionado por un «diezmo».
«Entonces, a partir de ahí ya fue un poco más específico el señor Herrera con el señor René, que exigía el 10 por ciento del valor de los contratos, lo cual ascendía más o menos a 120 millones de pesos», dice.
Este testimonio fue rendido por Burillo el 16 de junio ante el juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en una audiencia en la que formalizó su calidad de testigo colaborador de la FGR y se ordenó su liberación inmediata del Penal del Altiplano. (Reforma).
