La presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que el INE tiene el gran reto de adecuar sus lineamientos a dicha legislación, para armonizar y conciliar todas las lagunas que pueden darse sobre las reformas.
Señaló que las modificaciones constitucionales también deben incorporarse en los códigos de ética de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y municipales, y de todas las instancias correspondientes, así como de los estatutos de los partidos políticos.
Las reformas constitucionales tienen el objetivo de lanzar un mensaje muy claro: “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público”, apuntó.
Se busca, dijo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección, a través de la suspensión de los derechos de las personas que incumplan su responsabilidad.
“Queremos mejores gobernantes, mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles, así como mejores legisladoras y legisladores, funcionarios públicos congruentes y con ética”, indicó.
Agregó que, para evitar la impunidad, también es fundamental crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así como insistir que los tribunales locales y las entidades procuradoras de justicia apliquen las sentencias.
“Necesitamos que estos tribunales alimenten a este padrón que va a construir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y tener la información de quiénes son los que están inscritos o los que no cumplirían con este requisito para poder ser elegibles”, puntualizó.
En su oportunidad, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, aseguró que la reforma “3 de 3” tiene el claro objetivo de romper el pacto patriarcal, pues con su aprobación se dio un gran paso hacia la construcción de un entramado jurídico que permite erigir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos.
“Consideramos que estamos estableciendo límites legales para que nunca más un agresor llegue al poder público, anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés”, manifestó.
El poder público, consideró, debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres, por lo que no se debe perder de vista que las decisiones que se toman tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, de tal forma que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra.
Destacó que la entrada en vigor de dicho ordenamiento, coincidirá con el próximo proceso electoral de 2024, por lo que es necesario revisar en qué forma se realizarán las contrataciones, a quiénes se les otorgan las candidaturas y a partir de ello, ver las determinaciones y posturas que toman las personas juzgadoras.
