El diputado federal Alan Castellanos Ramírez presentó una iniciativa para sancionar el abandono y maltrato a las personas mayores, por lo que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal.
En su propuesta el integrante del Grupo Parlamentario del PRI expone que a quien abandone a una persona de la tercera edad se le aplique de un mes a cuatro años de prisión y se le quite la tutela, además de una pena de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días de multa.
El legislador priista agregó que entre las sanciones también estarían la privación de los derechos de familia, así como el pago en reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Argumentó que actualmente, las leyes consideran delito el abandono de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que se encuentran enfermas, a pesar de que la edad adulta mayor implica vulnerabilidad, sin embargo, dijo, el marco legal permite la impunidad en el abandono de las personas mayores.
Dentro de la iniciativa señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores han sido víctimas de abandono, maltrato físico y psicológico, e incluso abuso sexual.
De igual modo, mencionó que existen cifras que muestran que en México se estima una prevalencia de entre 8.1 y 18.6 por ciento de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.
En ese sentido, recalcó que, de aprobarse la iniciativa, se logrará cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente, en los objetivos de Salud y Bienestar, Igualdad de Género y Reducción a las Desigualdades.
“Las personas adultas mayores constituyen un importante grupo de población, de manera que los objetivos que se logren para estas personas eventualmente representarán beneficios en la sociedad”, subrayó el integrante de la bancada tricolor.
Por ello reiteró el valor de su propuesta para reformar diversas fracciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y garantizarles una vida digna.
