La diputada federal Blanca Alcalá Ruiz señaló que la iniciativa 3de3 no tiene dedicatoria hacia una, dos o tres personas, se trata de una medida disuasoria para que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular
Ello, explicó, implica recuperar la ética en el ejercicio de la política y el servicio público. De recobrar la idoneidad y la elegibilidad de cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público, para que ningún agresor llegue al poder, prevenir la violencia institucional y garantizar jurídicamente los derechos de las mujeres.
Al intervenir en la discusión del dictamen de los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI indicó que este proyecto se llama 3de3, porque aborda tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y su aplicación incluye al gobierno federal, estados y municipios.
Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la construcción plural de esta iniciativa donde se tomaron en cuenta las visiones de los distintos colectivos feministas, organizaciones y del día a día de las y los mexicanos que están involucrados en este problema. Además, resaltó, de un debate, análisis y discusión que todos los grupos parlamentarios en voz de sus legisladoras han manifestado para la construcción de la misma.
La legisladora subrayó el rigor de la técnica legislativa para modificar el texto constitucional y con ello el trabajo y diálogo de todos estos días con los interesados en el tema. Puntualizó que las cifras marcan que 7 de cada 10 casos de violencia se dan hacia las mujeres, y esto se da en los delitos de orden común, como también en los que están referidos en violencia política en razón de género.
Durante la discusión también se aprobó la reserva que presentó Alcalá Ruiz al artículo 38, en una fracción séptima, que señala con claridad cuáles son los supuestos en los que se suspenden los derechos de quienes estén en estas condiciones.
Luego de ser aprobado el dictamen, en lo general y en lo particular, por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, pasa a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.
