Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Layda Sansores, al banquillo
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román debería ser llamada a cuentas para que explique sobre el uso de recursos públicos que fueron desviados presuntamente para su campaña a la gubernatura en el 2021.
La morenista se encuentra envuelta en un escándalo por la difusión de una serie de videos en el que se observa a dos de sus funcionarios y una senadora recibiendo fajos de billetes en las oficinas de Palacio de Gobierno durante la gestión del priista, Carlos Miguel Aysa González y a casi a un mes de las elecciones en Campeche.
Estos son Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación, Armando Toledo, jefe de la oficina de Layda Sansores y la senadora, Rocío Abreu Artiñano esta última captada en dos ocasiones recogiendo las pacas de dinero de 500 pesos.
Se presume que los recursos eran provenientes del erario público desviados a las campañas de Morena, y que se castiga hasta con 129 años de cárcel, de configurarse varios delitos.
De acuerdo con el senador, Germán Martínez, quien exigió una explicación a la campechana, podría tratarse de hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Lo ocurrido en Campeche viene a sumarse a otros videoescándalos de gentes muy cercana al inquilino de Palacio Nacional, Andres Manuel López Obrador incluso desde que fue pillado su operador político, el ‘Señor de las Ligas’, René Bejarano y posteriormente sus hermanos, Martinazo y Pio López Obrador así como el diezmo que aplicó Delfina Gómez, (candidata por segunda ocasión al gobierno del Estado de México), a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco para la campaña del tabasqueño, entre otros tantos casos.
Por lo pronto la gobernadora, Layda Sansores debe rendir cuentas ante la ley, no sólo por la billetiza que recibieron sus funcionarios en tiempos de campaña durante el gobierno de Aysa González, -quien aceptó una embajada de AMLO en República Dominicana y su hijo como diputado del PRI se fue a Morena-, sino por el presunto desvío de 120 millones de pesos a su paso por la alcaldía de Álvaro Obregón.
De ello dan cuenta siete denuncias presentadas ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por su sucesora, Lía Limón.
Sólo por estos hechos se podrían configurar los delitos de corrupción, ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
En otra entrega, Layda Sansores también tendrá mucho que explicar del atentado que han recibidos dos periodistas campechanos, quienes han sido férreos críticos de su administración. Nos leemos el viernes.
