La fiscalía estadounidense continúo hoy el interrogatorio del narcotraficante mexicano Tirso Martínez Sánchez en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, aunque cambió el foco de sus preguntas tras las críticas del juez Brian Cogan que se opuso a tomar en cuenta sus testimonios basados en «rumores» y «pérdidas de tiempo», tras escuchar las palabras del testigo ayer.
Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, y que ya cumplió una condena reducida en Estados Unidos, estaba encargado del envío de cocaína del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses: Los Ángeles (California), Chicago (Ilinois) y Nueva York.
La Fiscalía, si bien ha renunciado a preguntar a su testigo directamente sobre García Luna, sí que le preguntó sobre el conocimiento general entre los narcos del Cártel de Sinaloa de si se practicaban sobornos a la policía federal, la militar, la judicial y la municipal.
En este sentido, Martínez indicó que en dos ocasiones en las que estaba preocupado por posibles incautaciones de su mercancía, dos miembros del cártel le tranquilizaron asegurando que todas las agencias de seguridad estaban compradas.
Martínez contó que en una ocasión el capo Vicente Carrillo le dijo: «No sea miedoso, cabrón», antes de insistir en que el líder del Cártel de Sinaloa Ismael «El Mayo» Zambada tenía «todo arreglado con los altos mandos de la federal, el Ejército, la judicial. Pocos cabrones tienen los arreglos qué él tiene».
Más allá, de insistir en los sobornos, le preguntaron por los beneficios de la droga y sus actividades en Nueva York, donde, según el testigo el cártel vendía drogas porque en esta ciudad los clientes pagan más por la cocaína.
El proceso contra García Luna, exsecretario de defensa durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrancó el pasado lunes con los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa y el testimonio del narco Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», que aseguró que presenció, a partir de 2001, el pago de sobornos al exsecretario mexicano a cambio de su ayuda a los narcos en su negocio y en la lucha contra clanes rivales.
Los abogados de García Luna centran su defensa en que la Fiscalía no tiene pruebas «objetivas» como vídeos, fotografías, documentos o grabaciones y en que ha construido el caso sobre «rumores» y declaraciones de criminales y asesinos que han aceptado testificar en busca de una reducción de sus condenas. (EFE).
