El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció hoy su decisión de disolver el Congreso, instalar un “gobierno de excepción” y convocó a elecciones anticipadas.
La decisión, anunciada en un mensaje a la nación, se produce a pocas horas de debatirse su vacancia y en medio de graves acusaciones en su contra.
“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, exclamó Castillo en su mensaje.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, añadió.
Indagan al mandatario, buscan destitución
Pedro Castillo enfrentaba el tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento que debate su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.
No estaba claro si el Congreso podía reunir los 87 votos necesarios para removerlo de un total de 130 legisladores. Castillo dijo casi a la medianoche, en un inusual mensaje a través de la televisora estatal, que no mancharía jamás «el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres que, como millones de peruanos, trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias”.
Castillo, cuyo gobierno empezó en julio de 2021, añadió que afrontará el pedido de vacancia fundamentado «en dichos de terceros que, para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas”.
La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente ha negado las acusaciones.
Crisis política
Existe un contraste marcado en el país sudamericano: mientras en Lima la mayoría desaprueba a Castillo y exige su salida del poder, en otras ciudades del interior y en el sector rural los peruanos le piden que se quede en la presidencia hasta su fin en 2026 y cumpla sus promesas. Muchos peruanos en el interior también le exigen que cierre el Parlamento.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, ha modificado cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que ha provocado una parálisis de varias políticas de gobierno.
Aunque es el primer presidente investigado en funciones, no sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción y ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht.
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
Castillo no ha podido cumplir sus promesas de luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la Constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas.
El enfrentamiento con el Parlamento y la Fiscalía es tan fuerte que Castillo pidió recientemente la visita de una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se necesita una tregua política para estimular el diálogo entre las partes. Pero las fricciones son tan marcadas que horas después de conocido el informe el Congreso aprobó un tercer pedido para debatir la destitución de Castillo.
En las dos anteriores ocasiones el Parlamento fracasó en su intento de removerlo invocando una causal escrita en la constitución llamada “permanente incapacidad moral” que no tiene una definición objetiva, según expertos en derecho constitucional. En el siglo XIX significaba locura pero ahora muchos la relacionan con la corrupción.
Esta es la octava vez desde 2016 que el Parlamento intenta remover a un presidente, contribuyendo a una crisis política que no ha culminado. Desde entonces Perú ha tenido cinco mandatarios y tres Parlamentos, cuando lo normal hubiese sido dos presidentes y dos Congresos. (El Universal).
