Ruptura de la alianza:
¿de quién es la culpa?
A rienda suelta
Por Luis Armando Mendoza Leciano.
Cuando en 2019 se aprobó la creación de la Guardia Nacional, uno de las condiciones de la oposición fue que su mando sería civil y que mientras se fortalecía su estructura, en un plazo de cinco años, contaría con la coadyuvancia del Ejército y la Marina.
Ese plazo vencería en marzo de 2024 y entonces la Guardia Nacional operaría de manera independiente de las fuerzas armadas.
Sin embargo, en tres años el Gobierno Federal no ha hecho absolutamente nada para fortalecer la estructura de la Guardia Nacional y, por el contrario, ha reforzado la inclusión de más elementos del Ejército y de la Marina en sus filas propiciando su militarización de facto.
No conforme con ello el Gobierno de López Obrador fue más allá y planteó una reforma constitucional para integrar de forma legal la Guardia Nacional al Ejército, lo que de inmediato fue rechazado por diversos sectores de la sociedad.
Y ante la imposibilidad de lograr la aprobación de esa reforma constitucional por no contar con los votos necesarios, el presidente decidió turnar al Congreso una iniciativa preferente para alcanzar su objetivo.
La iniciativa fue aprobada ya por la mayoría de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, en las Cámaras de Diputados y Senadores, pero será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida ahora sobre su constitucionalidad o no.
Es de esperarse que la SCJN la declare inconstitucional y que la Guardia Nacional tenga que seguir operando como hasta ahora, pero a partir de 2024 dejará de contar con la coadyuvancia de las fuerzas armadas.
Y en esas condiciones la Guardia Nacional carecerá de la capacidad suficiente para hacer frente a los problemas de inseguridad que vive el país, como consecuencia de la política de «abrazos, no balazos» del Gobierno Federal.
Con ello, millones de mexicanos quedarán indefensos ante la creciente ola de violencia que la delincuencia y el crimen organizado han instaurado en todo el territorio nacional.
Es en esa coyuntura que en un acto de responsabilidad el PRI decidió presentar una iniciativa para ampliar por cuatro años más la coadyuvancia del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional.
Visto así, la propuesta del PRI no representa ni por asomo la aceptación de la militarización de la Guardia Nacional. De hecho, el PRI, el PAN y el PRD, integrados en la coalición «Va por México» votaron en contra de la iniciativa preferente turnada por el Ejecutivo Federal al Congreso.
Así que no hay motivo para que el PAN y el PRD mantengan «en pausa» la coalición legislativa y electoral con el PRI.
La permanencia de la coalición es vital si se quiere actuar con patriotismo y evitar que Morena continúe la destrucción del país.
A menos que la intención de los dirigentes nacionales del PAN y PRD sea aprovechar ese pretexto para dejar el camino libre al presidente y a su partido Morena para mantenerse en el poder hasta 2030.
En ese caso, serán Marko Cortés y Jesús Zambrano, y no el PRI, los que tendrán que explicar a los mexicanos las razones de su decisión.
PIAFIDOS: DOS HECHOS ocurridos el fin de semana pasado permitieron conocer la verdadera cara del gobierno de la 4T en Campeche. Uno de ellos fue el zafarrancho provocado por los hijos del dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, en un bar del malecón de la ciudad. Amparados en influencia de su padre en el actual gobierno, los ebrios jovenzuelos armaron tremendo escándalo que fue necesario llamar a la policía. Para sorpresa de todas las personas que se encontraban en el lugar fueron dejados en libertad por los agentes !por instrucciones de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz! El otro caso fue el del diputado local de Morena, César González David, quien fue detenido en un retén de alcoholimetría y también fue dejado en libertad y se le permitió hacer una llamada telefónica para que otra persona condujera su vehículo, a diferencia de cualquier otro ciudadano que es retenido 36 horas en los separos conocidos como «El Torito» y su vehículo trasladado al corralón para el pago de una multa. No vaya usted a pensar que se trata de dos casos de tráfico de influencias. Es la Cuarta Transformación que llegó a Campeche… Y PARA rematar este mismo fin de semana la síndica del Ayuntamiento de Campeche, Ana Mex, (¿Qué cree?, también de Morena) fue sorprendida repartiendo despensas en una colonia de la ciudad. Sólo que las despensas eran trasladadas en una camioneta propiedad de la Fiscalía General del Estado, donde su padre, Raúl Mex Matú, trabaja como Vicefiscal. Tampoco vaya a creer que es otro caso de tráfico de influencias o corrupción del fiscal Renato Sales. Jejeje.
