Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Layda Sansores, al banquillo de los acusados
Como ‘chivo en cristalería’ la gobernadora de Campeche ha roto todo tipo de ordenamiento legal y constitucional sin que hasta ahora ni el propio Andrés Manuel López Obrador le ponga un alto.
No le ha importado estar filtrando audios distorsionados de manera ilegal y con el uso de recursos públicos en su talk show de los ‘Martes del Jaguar’ para atacar al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Pareciera que es parte de la embestida contra el campechano que se ordenó desde Palacio Nacional como públicamente lo denunció Alito Moreno.
Otro de los abusos cometidos por Layda Sansores, incluso descalificado por el mismísimo López Obrador, fue el ordenamiento para que la Fiscalía de Campeche irrumpiera de manera por demás violenta en el domicilio del priista como nunca se había hecho contra un líder opositor.
A raíz de esa intromisión en la vivienda de Moreno Cárdenas, un día después de los hechos, en su show televisivo, la gobernadora de Campeche incurrió en delitos de mayor gravedad en contra de diputadas del PRI a quienes advirtió que había encontrado fotos donde se obervaban desnudas y que podrían incluso hacerse públicas en otras manos.
Derivado de esos absurdos de la mandataria campechana, ayer las legisladoras y legisladores del tricolor acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las parlamentarias.
La pregunta es: ¿Llamará a cuentas a la gobernadora de Campeche el fiscal, Alejandro Gertz Manero, o esperará la orden de Palacio Nacional para no intervenir en este caso?
De no ejercitar la FGR ninguna acción legal contra Layda Sansores, quedaría una vez más al descubierto la impunidad que prevalece en este país, tratese de quien se trate.
Pero además, las y los diputados anunciaron que presentarán sendas denuncias y quejas en las 32 comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos además del conocimiento de las amenazas contra las representantes populares ante la CEDAW y la alta Comisionada de la ONU, Michell Bachellet.
También interpondrán querellas por la vía penal penal y civil contra personas identificadas que desde las redes sociales han agredido a las legisladoras.
De no ponerle un hasta aquí el gobierno de AMLO a todas las ilegalidades de Layda Sansores, de cualquier modo quedarán evidenciados ante los ojos del mundo de la represión, y la persecución política del Estado contra quienes piensan diferente. Como lo hacen las dictaduras.
